ONU estima que la Justicia española inhabilitó de forma arbitraria al exjuez Baltasar Garzón

De Agencias

26 de agosto de 2021, 7:00 PM

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha estimado la demanda que el exjuez Baltasar Garzón interpuso contra España por la vulneración de sus derechos y la falta de imparcialidad en el proceso judicial que concluyó en 2012 con una condena de inhabilitación para ejercer como togado durante 11 años.

El Comité considera «arbitraria e imprevisible» esta condena impuesta por haber intervenido las comunicaciones de los principales involucrados en uno de los casos de corrupción más grandes que ha salpicado a la política española, la trama Gürtel, en la que se encontraban investigados numerosos políticos del conservador Partido Popular (PP), así como empresarios y otras personas.

El órgano de la ONU dice que la condena no se basó «en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida» por el pacto de Derechos Civiles y Políticos, y concluye que España debe resarcir a Garzón: «El Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados», dice la sentencia.

El auto también explicita que España debe borrar los antecedentes penales y «proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido», además de aseverar que el Estado español tiene la «obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro».

Imparcialidad dudosa
La contundente sentencia del Comité pone en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo, el órgano judicial que dictó la sentencia condenatoria contra el exjuez. «Las dudas sobre la posible parcialidad de algunos de los jueces intervinientes», dice el auto, llevan a concluir que Garzón no «tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial».

Además, el Comité no considera que fuera «una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal», en el caso de que hubiera interpretado erróneamente la jurisprudencia sobre la intervención de las comunicaciones orales de los presos que estaban siendo investigados. Asimismo, recuerda que esas escuchas, por las que fue condenado, fueron solicitadas por la Policía y tenían el respaldo del Ministerio Fiscal.

El exjuez presentó su demanda el 31 de enero de 2016, en la que asegura que después de ser titular durante 22 años del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, fue «víctima de una persecución y represalias» por su instrucción de los casos contra el franquismo y contra la corrupción de la trama Gürtel.

Figura internacional
Baltasar Garzón es una figura de relevancia nacional e internacional. Durante los primeros años de su carrera judicial llevó la instrucción de algunos de los casos más importantes del país relacionados con el narcotráfico, el terrorismo de Estado o el terrorismo de ETA.

Su salto a nivel mediático se produjo en 1998 al dictar una orden de arresto internacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet, para juzgarle por crímenes de lesa humanidad. Posteriormente su nombre también sonaría en el resto del mundo al abrir la primera causa contra el franquismo en España, lo que motivó que fuera procesado judicialmente y suspendido cautelarmente de sus funciones como magistrado, aunque finalmente sería absuelto.

Tras su inhabilitación ha formado parte del equipo jurídico de la defensa de Julian Assange y ha asesorado a diferentes gobiernos, como a Argentina y Ecuador, e instituciones, como el Tribunal Penal Internacional.

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