Costa Rica avala el uso de cáñamo y cannabis para fines medicinales

De Agencias

13 de enero de 2022, 1:41 PM

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó un anteproyecto de ley que avala el uso del cannabis con fines medicinales, y del cáñamo para la alimentación y la industria.

«Aprobado en segundo debate el expediente 21.388 Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial», informó la Asamblea en su cuenta de la red social Twitter.

29 diputados lo votaron a favor y 10 lo hicieron en contra.

La iniciativa la presentó hace dos años y medio la diputada independiente Zoila Volio y se dictaminó en la Comisión de Ambiente, además de pasar el filtro de la Sala Constitución que no encontró vicios de fondo ni de procedimiento.

En el debate previo a su aprobación, las bancadas de oposición resaltaron los beneficios que esperan traiga esta ley a la población y condenaron al Gobierno por la negativa a respaldar esta industria y las amenazas de un veto parcial del presidente Carlos Alvarado al proyecto.

“Ha habido mucha obstrucción y atraso, el trabajo de la Comisión de Ambiente mejoró mucho el proyecto. Nadie va a usar la marihuana recreacional, es otro tema, no se trata de eso, y yo me pregunto de los que se oponen dónde está la caridad cristiana, el dolor al prójimo, de esos pacientes con cáncer, ¿de verdad no importan?, uno debe tener esa empatía”, mencionó Volio.

¿Qué se aprobó?

El cáñamo proviene de la planta del cannabis, igual que la planta de marihuana, y cada una tiene características distintas.

Debido a que la planta del cáñamo tiene mínimas cantidades de tetrahidrocannabinol (THC) que es el principal componente psicoactivo del cannabis, el proyecto deja a la libre su siembra.

El fin es crear una nueva industria, ya que a partir de esta planta se procesan alimentos, fibras, cuerdas, papel, ladrillos, aceite, plástico natural, biocombustibles, pinturas, entre otros productos.

De acuerdo con un estudio de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), en 2020 la industria del cáñamo generó ventas por $5.700 millones en mercados como los Estados Unidos y China.

Permisos

El proyecto establece dos tipos de licencias: una para la industria del cáñamo, donde será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la entidad encargada de brindar los permisos, y otra para medicamentos o productos derivados del cannabis, es decir con el componente psicoactivo de la planta, para los que será el Ministerio de Salud el encargado de otorgar las licencias.

En ambos casos también deberá intervenir el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

  • “El Poder Ejecutivo tendrá amplias potestades para regular y limitar el número de licencias que podrán otorgarse…así como establecer limitaciones temporales a la producción, las áreas totales de siembra y los sectores del territorio nacional donde se permiten estas actividades, cuando lo exijan razones de interés público debidamente motivadas. Asimismo, tendrá la potestad de establecer vedas o restricciones parciales o totales de estas actividades…para resguardar la seguridad y proteger la vida y la salud de las personas y el medio ambiente”, agrega el texto del proyecto aprobado.

El costo de las licencias lo deberá establecer el Poder Ejecutivo vía decreto y estas tendrán una vigencia de seis años y podrán ser renovados por períodos iguales.

El proyecto permite que personas jurídicas o empresas produzcan cannabis medicinal, ya sea para venta como materia prima a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o a laboratorios o establecimientos debidamente autorizados, para la industrialización, fabricación y comercialización de productos de uso médico o de uso terapéutico en el territorio nacional o para su exportación a terceros países donde se permite el comercio lícito de estos productos.

Se avala además, la industrialización directa por parte de la misma persona productora para la elaboración y comercialización de productos de uso médico o de uso terapéutico, autorizados de conformidad con esta ley.

Sobra decir que deberán contar con los permisos, licencias y títulos indicados por la ley, por parte de Salud y del ICD. Además, las personas deberán ser mayores de edad “con plena capacidad cognoscitiva y volitiva”.

Las empresas deberán demostrar que tienen un contrato vigente ya sea para la venta de materia prima para la CCSS o laboratorios privados o las licencias para la producción de productos de cannabis medicinal.

En este caso, la persona productora deberá contar también con el respectivo título habilitante para realizar actividades de industrialización de productos derivados de cannabis de uso médico o terapéutico.

La Caja podrá producir, en sus laboratorios, medicamentos y productos de uso terapéutico utilizando cannabis psicoactivo, sus extractos y derivados, así como a recibir, comprar, procesar y distribuir cannabis para uso medicinal y terapéutico, sus productos, subproductos y derivados.

40% a pymes

El proyecto establece que el MAG definirá, con base en criterios técnicos, las regiones del país aptas para el cultivo de cannabis de uso médico y terapéutico y promoverá una distribución equitativa de las licencias para cultivo en el territorio nacional, priorizando los distritos con menores índices de desarrollo social, a las mipymes, organizaciones de productores agropecuarios, constituidas como centros agrícolas cantonales, asociaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas agrícolas o de autogestión o asociaciones de desarrollo indígena.

Entre estas organizaciones se deberá garantizar el acceso mínimo al 40% de las licencias para cultivo otorgadas.

“En todo caso deberá garantizarse el seguimiento y la trazabilidad de toda la producción realizada en el territorio nacional, sus subproductos y derivados, a fin de garantizar que será utilizada en actividades lícitas, autorizadas de conformidad con esta ley y los tratados internacionales suscritos por el Estado costarricense. En caso de sobreproducción, el excedente deberá ser entregado al MAG, que podrá destruir el producto o donarlo a la Caja o a las universidades públicas y privadas, para fines educativos o de investigación”, indica el texto.

Impuesto y multas

La ley establece además un impuesto del 1% sobre las utilidades de renta de los productos que se distribuirán entre distintas entidades.

El MAG, Salud y el ICD tendrán un 10% cada una, con el fin de cumplir las competencias que les otorga la ley.

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