Presupuesto de la República 2023 priorizará los subsidios y el gasto social

Presupuesto de la República 2023 priorizará los subsidios y el gasto social

De Katherine Vado Rodriguez

25 de octubre de 2022, 5:16 PM

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, expuso ante el plenario de la Asamblea Nacional, la iniciativa de Ley del Presupuesto General de la República para el 2023, con ingresos de 109.989,5 millones de córdobas, de los cuales el 56.5 porciento será destinado al gasto social y a garantizar los subsidios a la población más desfavorecida, afirmó la cartera este martes.

“A fin de proteger el poder adquisitivo de los hogares, especialmente los más vulnerables se ha mantenido una política de subsidios a los combustibles, tarifa eléctrica, suministro de agua, transporte público, trigo, que representan aproximadamente 1.2% del PIB del 2022”, manifestó Acosta.

Afirmó que las medidas son parte de la estrategia del gobierno que lidera el presidente Daniel Ortega, para proteger a la población nicaragüenses del impacto internacional de la crisis y la inflación de los precios de los derivados del petróleo y la energía que están afectando al mundo.

“Las medidas han contenido el traspaso del shock de precios de la energía a los precios internos y ha estabilizado las presiones inflacionarias sobre el crecimiento económico. Su implementación se ha basado en una programación financiera prudente, que permite disponer recursos para atender demandas del contexto y evitar desequilibrios en las cuestas fiscales”, explicó el ministro.

El presupuesto de ingresos proyectado para 2023 es 109.989,5 millones de córdobas y el de gastos es de 105.263,1 millones de córdobas, que en gasto social se desglosará en 21.7% para educación, 21% para salud, 3.5% para protección social, el 9% para vivienda y servicios comunitarios, 3.3% para la defensa del país, el 11.1% para transporte y comunicación, 9.8% para orden público y seguridad 9.8 por ciento, 13.1% será destinado para servicios públicos generales el 13.1% y el 6.4% para otros gastos.

Hacienda argumentó que el plan anual de ingresos y egresos para el próximo año, se trata de un presupuesto “equilibrado”, que “garantiza el gasto social”, y que se proyecta sobre la base de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2022, estimado entre el 4% y 5% y una inflación del 9%.

Las expectativas de crecimiento económico estimado para 2023 es del 3% y un manejo de la inflación del 5%, el cual se mantiene inalterable el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y protegerá el empleo de los servidores del Estado, salud, educación y seguridad ciudadana.


“Proyectamos que continué (el) crecimiento la economía, que tenga un desempeño de los mejores de Centroamérica y que las bases de ese desempeño es la gran capacidad de trabajo de los sectores productivos del país y si alcanzamos los 7.500 millones en 2022 (en las exportaciones) queremos acercarnos a los 8.000 millones en 2023 y que la inversión extranjera siga fluyendo en nuestro país para aprovechar las ventajas competitivas que está construyendo el sector público privado, invirtiendo en una mejor calidad de energía, invirtiendo en mejores carreteras, garantizando que todos los municipios puedan atraer inversiones que tengas carreteras, energía eléctrica y avanzar en agua potable y saneamiento, garantizar telecomunicaciones y tener una gran red hospitalaria para atender a nuestra”, expuso el titular de Hacienda.


Enfatizó que se mantendrá el acceso gratuito a la educación, mejorando progresivamente su calidad; acceso a servicios gratuitos de salud, mejorando la calidad y manteniendo la lucha contra las epidemias y enfermedades crónicas; financiamiento del PIP como principal instrumento de la política fiscal para la generación de empleos; políticas, planes, programas y proyectos que dinamicen las diferentes cadenas productivas del sector agropecuario y MIPYMES; derechos de propiedad, titulación, servicios catastrales, mediación de conflictos y registros de propiedad; seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como la administración de justicia y la integridad territorial.

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