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La UE busca multar a los Estados miembros que se nieguen a acoger migrantes

(RT).- Los ministros del Interior de 27 países de la Unión Europea se congregan este jueves en Luxemburgo para abordar las propuestas sobre la gestión de la acogida de migrantes y de los solicitantes de asilo en el territorio del bloque comunitario.

En busca de una distribución más equitativa del flujo migratorio, que golpea a los países costeros como Italia y Grecia, que son el principal punto de entrada para los migrantes irregulares, se propondrá multar a los países miembros de la UE con hasta 22.000 euros por cada migrante que se nieguen a acoger en el marco del programa de reubicación.

Según los diplomáticos involucrados en estas negociaciones que fueron consultados por Politico, las multas que se proponen oscilan entre 10.000 y 22.000 euros, siendo las naciones como Austria y Eslovaquia las que insisten en cifras más bajas y Suecia la que busca multas más altas. Por su parte, The Guardian reportó que la sanción se fijaría en unos 20.000 euros, aunque sus fuentes se negaron a confirmar esta información y se limitaron a indicar que se presentarán «una serie de cifras».

El borrador de la propuesta de «solidaridad obligatoria», elaborado por Suecia y en circulación interna desde finales de mayo, establece que «ningún Estado miembro estará obligado a llevar a cabo las reubicaciones».

Asimismo, todos los países de la UE tendrían que aceptar una determinada cantidad de los solicitantes de asilo o, si se niegan a hacerlo, pagar una compensación económica, que también podría incluir asistencia material. El dinero se dirigiría a un fondo central que se utilizaría para reforzar la capacidad financiera de los países que sí acojan a los migrantes.

Un diplomático consultado por The Guardian estimó las probabilidades de lograr un acuerdo durante las negociaciones en Luxemburgo como «50:50».

Polonia ya adelantó que se opone rotundamente al «esquema de reubicación obligatoria» y, según información extraoficial, va a rechazar la propuesta, percibiendo las potenciales multas de 22.000 euros como un castigo de facto y no un medio alternativo de solidaridad.