La Asamblea Nacional aprobó este martes de manera unánime la Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley del Código Procesal Penal, lo cual responde a las crecientes demandas para combatir eficazmente las nuevas manifestaciones del crimen organizado transnacional, una amenaza a nivel mundial que, debido a su estructura sofisticada y capacidad económica, ha evadido la justicia y ocultado sus activos ilícitos.

La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, enfatizó que la reforma está en concordancia con las normas sustantivas aprobadas previamente en cuanto al narcotráfico y terrorismo.

Explicó que esto implica que las disposiciones penales y los procedimientos están alineados, permitiendo una aplicación coherente y efectiva de las leyes. Dado que los ilícitos son delitos con efectos devastadores en las economías locales, por lo que las reformas procesales que faciliten la captura y condena de los involucrados son fundamentales para asegurar la justicia y proteger el tejido social y económico.

En la exposición de motivos, se señala que dichas actividades delictivas tienen la capacidad de desviar recursos y ocultar sus activos en cuestión de horas, por lo que la reforma otorga a las autoridades nicaragüenses la potestad de actuar con mayor rapidez para evitar que estos bienes sean destruidos, ocultados o dispersados.

Por su parte el diputado Carlos Emilio, manifestó que la nueva reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua constituye un avance armónico con la política de seguridad del Estado y la estrategia de cero tolerancia a los crímenes transnacionales.

Agregó que las modificaciones presentadas reflejan una cohesión institucional entre los diferentes órganos del Estado, lo cual es clave para enfrentar los desafíos, ya que esta unión es fundamental para asegurar que el país cuente con un marco jurídico sólido, acorde a la realidad contemporánea y las amenazas globales, asegurando la paz permanente que se respira en nuestra nación.

Entre las novedades que presenta esta reforma, la Martínez, expuso que están en coherencia con otras reformas hechas a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Código Penal.

Añadió que se incorpora la convocatoria a juicio por razones de seguridad, casos fortuitos o conmoción social. Cualquiera de las partes puede solicitar el cambio de lugar de la celebración del juicio.

“En estos casos que son de peligrosidad o que el delito ha creado conmoción nacional o en una localidad, como el caso de Catarina, a la hora de la celebración del juicio si se considera que puede haber levantamiento de la familia en contra del procesado o que se puede poner en peligro a cualquiera de las partes, entonces se puede pedir el cambio de lugar y se establece que el jurado estaría conformado por personas de la localidad en donde se realice el juicio”, explicó Martínez.

Otra novedad, es que el Ministerio Público podrá solicitar, en cualquier etapa del juicio, la tramitación compleja. Antes, únicamente se podía solicitar la tramitación compleja en el primer escrito que presenta el representante del Ministerio Público, ahora se podrá solicitar en cualquier etapa del proceso. Igualmente, el juez podrá revocar esta condición de juicio complejo en la etapa que considere necesaria.

También la reforma establece los mecanismos para solicitud y obtención financiera, tanto por el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. También se podrá solicitar la información de proveedores de servicios informáticos y de empresas de telefonía móvil o fija.

Antes solo el juez podría solicitar esto, pero ahora, previo al juicio y en la etapa investigativa, la Policía Nacional y el Ministerio Público también podrán gestionar esta diligencia.