Con la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, Nicaragua se pone a la vanguardia en la legislación sobre telecomunicaciones en la región y fomenta la inversión extranjera y nacional en este sector, destacó este jueves el Diputado Wálmaro Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.
“Es de interés del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional convertir a Nicaragua en una plataforma logística para hacer negocios a nivel regional y esto no se me ocurre a mí, está en el Plan Nacional de Combate a la Pobreza y Desarrollo Humano, ahí está escrito, ahí está el compromiso de convertirnos en una plataforma para hacer negocios con la Región Centroamericana, Latinoamericana y el mundo, tenemos una posición estratégica privilegiada”, manifestó Gutiérrez.
El legislador, señaló que las telecomunicaciones han sido a nivel mundial y Nicaragua no es la excepción, uno de los sectores en desarrollo más dinámico.
“Desde 1995 hasta hoy, imagínense cuántos avances tecnológicos se han venido dando, y sencillamente nuestra Ley de Telecomunicaciones y Correos no aborda, y no es porque no quería, es porque no existían esos avances en tecnología, por eso ahora la Comisión de Infraestructura y con todos los avances en el mundo y que se han expresado en nuestro país, nos presenta esta extraordinaria pieza de información legislativa”.
Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, Jenny Martínez, expresó que con la aprobación de esta ley se deroga la Ley 200 o Ley de Telecomunicaciones y Correos que fue aprobada hace 29 años en lo general y luego por capítulos.
“La ley 200, contiene regulaciones obsoletas, por tanto, se requiere una nueva legislatura sobre telecomunicaciones, actualizada y moderna, que permita que la cobertura del internet, servicios telefónicos y otros relacionados con las nuevas tecnologías llegue a todo el país”, indicó.
Resaltó que el objeto fundamental de esta nueva ley, es regular el espectro de las telecomunicaciones de forma integral, garantizar el acceso universal, que el servicio sea de calidad, proteger los derechos de los usuarios y fomentar las inversiones extranjeras
