La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad las reformas parciales a la Constitución de la República de Nicaragua para la modernización del Estado, consolidar la base jurídica del mismo y fortalecer la reducción de la pobreza en paz, dijo el presidente del Parlamento, doctor Gustavo Porras Cortez.
“Tenemos la responsabilidad hoy de sacar en forma unida una reforma constitucional que nos permita dar hacer, tener, crear un marco constitucional acorde a los nuevos tiempos, un marco constitucional que no generará la revisión de las leyes que de ellas se derivan para adecuar, para modernizar, para actualizar, todo el marco jurídico a los nuevos tiempos. Que lo primero es la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad, la paz para lograr el bienestar y triunfar en la lucha contra la pobreza”, manifestó el doctor Porras previo a la aprobación.
Los 91 diputados de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Legislativo respaldaron el dictamen favorable a la iniciativa de reformas parciales a la Constitución enviadas por el comandante presidente Daniel Ortega.
El jefe del Parlamento nicaragüense hizo un llamado a las fuerzas políticas a la unidad para enfrentar los “momentos difíciles que vive el mundo”.
“En el mundo se viven momentos particulares, difíciles, especiales. Todo el mundo habla de guerra, nosotros insistimos en todo momento [en] hablar de paz, de unidad, de hermandad, de fraternidad y la Comisión Especial Constitucional [que dictaminó las reformas] se caracterizó por eso, por la unidad, por la hermandad entre los nicaragüenses”, expresó Porras.
La reforma parcial requiere ser aprobada en dos legislaturas. La Comisión Especial con Carácter Constitucional dirigida por el Presidente de la Asamblea Nacional doctor Gustavo Porras, presentó el dictamen favorable.
De acuerdo a la exposición de motivos contenida en esta propuesta se hace “necesario adecuar la Constitución Política de la República de Nicaragua para incorporar elementos fundamentales, así como de nuestra historia como son los héroes que a través de sus gestas nos han permitido vivir en la Nicaragua libre que disfrutamos”.
Subraya que la “independencia, soberanía, autodeterminación, la seguridad y la paz son derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense y fundamentos de la nación, se establece el modelo de participación directa de todos y todas los y las protagonistas que se unen en la lucha contra la pobreza para defender la seguridad y la paz con bienestar siendo el hilo conductor de la presente reforma parcial de la Constitución Política la lucha contra la pobreza como un trabajo de todo el Estado de manera articulada”.
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También destaca está reforma parcial que se deben fortalecer a las instituciones y “se hace necesario modernizar y actualizar el Estado Revolucionario, para responder a las necesidades de toda la población, asegurando su actuación como instrumento de lucha contra la pobreza y garantía de Seguridad y Paz con Bienestar”.
Los primeros artículos de la carta magna aprobados, dejan claro que la soberanía nacional reside en el Pueblo que ejerce su protagonismo a través de instrumentos de democracia directa, el Poder Soberano lo ejerce el Pueblo por medio de sus instituciones y de sus representantes elegidos por sufragio universal, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación.
En el artículo 3 establece que el Estado nicaragüense se fundamenta en valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, desde la cultura e identidad nicaragüenses.
Igualmente, en esta reforma parcial se deja claro que “se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, así como la intervención en los asuntos internos de otros Estados”. Además, el Estado de Nicaragua “reconoce el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el Derecho Internacional y proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos internos e internacionales; asegura el asilo para los perseguidos políticos rechaza toda subordinación de un Estado respecto a otro”.
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Agrega la iniciativa que “ninguna medida violatoria del derecho internacional tomada por Estados, grupos de Estados o gobiernos extranjeros en contra de instituciones, funcionarios y/o personas nicaragüenses tendrá validez para el Estado nicaragüense, que tiene el derecho de tomar las medidas que sean necesarias para proteger su soberanía nacional”.
Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de la Unidad Centroamericana. Trabajamos por la construcción de la Gran Patria Latinoamericana y Caribeña, basada en los ideales unitarios y de hermandad de Bolívar y Sandino.
Los nicaragüenses luchamos por un nuevo orden multipolar en el mundo basado en la hermandad
En estas reformas se hizo un cambio en el preámbulo donde se reconocen las luchas y pensamiento soberanos de héroes y patriotas, como los del 23 de julio de 1959, el Coronel Juan Pablo Umanzor, el Coronel Santos López, Camilo Ortega Saavedra, el Poeta Universal Rubén Darío, al Comandante Julio Buitrago Urroz, el Comandante Carlos Fonseca Amador, Leonel Rugama, Germán Pomares, Mujeres de El Cuá, el doctor Pedro Joaquín Chamorro, al niño mártir Luis Alfonso Velásquez Flores, el poeta Rigoberto López Pérez, el Padre Gaspar García Laviana, Héroes de San José de las Mulas, Cardenal Miguel Obando y Bravo, el Héroe Nacional Solidario Roberto Clemente y los comandantes eternos Hugo Chávez, Fidel Castro, José Martí, Ernesto “Che” Guevara, Salvador Allende, entre otros.
El texto modernizado hace una inclusión de género desde la Presidencia de la República y modifica en Co-Presidente y Co-Presidenta a la máxima autoridad del Ejecutivo.
Asimismo, se extienden a seis años por períodos para las autoridades electas en la presidencia de la República, la Asamblea Nacional, las magistraturas judiciales y electorales, así como en las alcaldías.
A partir de febrero de 2025, cuando se aprueben en segunda legislatura las actuales reformas, la jefatura de Estado que recae en el Ejecutivo, coordinará a los órganos judicial, electoral, legislativo, de control y fiscalización, así como las instancias regionales y municipales.
Además reduce de 16 a 9 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de 10 a 5 los magistrados del Consejo Supremo Electoral.
