Los funcionarios y empleados públicos, ciudadanos en general, las instituciones del Estado, autoridades y entidades privadas, que estén afectados por la aplicación arbitraria de sanciones desde el exterior, podrán solicitar la restitución del servicio que requiera y hasta un resarcimiento de los daños si procede, tras la aprobación, este lunes, de la Asamblea Nacional de la iniciativa de Ley de Protección a los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas específica.

Todo esto de conformidad a lo establecido en la Ley No. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, indica la nueva norma legislativa refrendad por unanimidad en el plenario parlamentario.

En el Artículo 4 del proyecto de ley, se subraya que en Nicaragua, se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional y que esas sanciones externas carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance.

“Es absurdo que en un mundo con un nuevo orden multipolar, quiera aplicar estás sanciones y agresiones, no dan ni siquiera risa, dan lastima“, expuso en el hemiciclo el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez.

Además, tildó de “absurda” las medidas unilaterales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos, que usa el sistema financiero global para a través de las mal llamadas sanciones, someter y arrodillar a los pueblos del mundo.

Asimismo, expresó que con esta ley, se escribe en letras de oro una de las páginas más hermosas de la historia dedicada a la soberanía, independencia y autodeterminación de Nicaragua.

El proyecto aprobado protege a los nicaragüenses y sus instituciones ante sanciones y agresiones realizadas por Estados o grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros, que atenten y pongan en peligro la soberanía, la seguridad, los planes de desarrollo de Nicaragua y perjudiquen las finanzas y el libre comercio exterior e interior, indicó el presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. Filiberto Rodríguez, quien recalcó, que la iniciativa, fortalece el marco jurídico en la defensa de la Soberanía.

“La presente Ley es de orden público y de interés general, será aplicada por todas las instituciones a nivel nacional, regional y municipal, así como por las personas naturales y jurídicas, sean estas públicas o privadas en todo el territorio nacional, se consigna en la iniciativa

También, se explica que se entenderá por sanciones unilaterales a las medidas coercitivas ilegales, que consisten en acciones económicas, comerciales o de otra índole implementada por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros, las que tienen como objetivo debilitar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de otro Estado, ejerciendo presión sobre individuos, grupos entidades dentro de su territorio, con el fin de influir en sus decisiones políticas o económicas.