Nicaragua acude a la Corte Centroamericana de Justicia para detener la acefalía del SICA

El Gobierno de Nicaragua sometió este martes a “opinión consultiva obligatoria”, ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la situación que atraviesa el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), esto, después de las reiteradas ocasiones en que ha tratado de que regrese la institucionalidad y “que se detenga la acefalía en la que se encuentra”.

“Nicaragua es un país respetuoso del Sistema de Integración, respetuoso de nuestra hermandad centroamericana y la actitud de obstrucción de algunos países, en el Sistema de Integración Centroamericana, al no reunirse, al no tramitar los distintos esfuerzos”, declaró el Canciller Valdrack Jaentschke, tras presentar ante Tania Montiel, Secretaria General Interina de la CCJ, dicha solicitud.

Jaentschke, sostuvo que hay una “la actitud obstruccionista o la posición de obstrucción, de algunos países en la región, que no han querido reunirse o que han indicado que las ternas no reúnen, para ellos, las cualidades”.

Valoró, que esa oposición es una posición politizada, que conduce a la “politización del Sistema de la Integración Centroamericana”.

En una nota de prensa del Ejecutivo, se explicó que la falta del nombramiento del Secretario General del SICA, derecho que le corresponde a la República de Nicaragua, conforme los Tratados y Reglamentos que rigen al SICA, se hace necesario este proceso para que se pueda resolver para los pueblos centroamericanos en funcionamiento de la entidad regional.

Jaentschke aseguró que han presentado desde el 14 de noviembre del año pasado, “en que la situación del SICA resultó que hubo una renuncia de un secretario general, y solicitamos al Sistema de Integración, a la reunión de cancilleres, revisar, proponer y aceptar las ternas que propuso Nicaragua“.

“Para nosotros es importante la opinión de la corte, que en 2021 emitió una opinión al respecto diciendo, que los presidentes centroamericanos están obligados a reunirse, deben de reunirse para resolver el impase, la situación de acefalía y la irregularidad que existe actualmente en el SICA”, indicó.

La decisión nicaragüense parte de que en el 2021, la CCJ emitió una resolución en la cual dispone que para “asegurar la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la Reunión de Presidentes relativas a la rotación geográfica de la Secretaría General del SICA que corresponde a Nicaragua, se debía proceder de manera urgente con la convocatoria de una Reunión Extraordinaria de Jefe de Estado y de Gobierno del SICA para que procediera con la elección del Secretario General”.

El comunicado, añade que en vista de los reiterados incumplimientos de un grupo de países del SICA, que se niegan desde el pasado mes de noviembre 2023, a reunirse para cumplir con la elección del Secretario General del SICA, a pesar de los reiterados intentos por parte del Gobierno de Nicaragua, como Presidencia Pro Tempore del SICA, el Estado de Nicaragua, en apego a los procedimientos establecidos en el Estatuto de la CCJ, este martes interpuso consulta sobre las consecuencias jurídicas del no cumplimiento de la Opinión Consultiva Obligatoria del 9 de septiembre de 2021 y mantener al SICA en estado de acefalía por la falta de elección de un Secretario General a partir de las propuestas presentadas por la República de Nicaragua.

Es por ello, que el Gobierno nicaragüense pide que de “manera expedita” la Corte Centroamericana de Justicia “emita su opinión a los efectos que los países puedan sentarse”, y elegir un nuevo o una nueva Secretaria General del SICA.

En ese sentido, el Canciller Jaentschke puntualizó que Nicaragua reitera su voluntad de continuar trabajando, por retomar la institucionalidad en el SICA, para que “no siga existiendo la situación de acefalía, falta de conducción, porque no se puede tomar ninguna decisión, no puede avanzar el Sistema de Integración Centroamericana, sin un secretario o una secretaría general”.

Finalmente, la nota de prensa del Gobierno cierra reiterando que como centroamericanos, estamos en la obligación de priorizar el Interés de nuestros pueblos y de unir esfuerzos por el derecho de las familias centroamericanas a vivir dignamente, frente a las realidades amenazantes que todos conocemos, como el narcotráfico y el crime organizado.