Con el objetivo de un mayor aprovechamiento de los recursos mineros de Nicaragua, agilizar los trámites de concesiones y garantizar la seguridad jurídica del país, fue aprobada este miércoles en la Asamblea Nacional la iniciativa de ley que dictamina que la Dirección General de Minas (DGM) pasa a ser parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

De esta forma la PGJ ejercerá la dirección y control de la DGM a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

La iniciativa de ley indicó, que la entidad estará encargada de administrar la explotación minera del país, renovar, cancelar y otorgar concesiones de acuerdo con las regulaciones del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

El organismo también regulará el sistema de catastro y las solicitudes de concesiones de la explotación minera que deben emitirse en un periodo de 10 días, sean estas aprobadas o rechazadas, además, mediante el mismo se negociarán los términos de los permisos otorgados.