La mejora del salario mínimo y de las condiciones laborales, el derecho a la salud y educación gratuita, así como el subsidio al transporte, son parte de la restitución de derechos que el Gobierno de Nicaragua ha garantizado a los trabajadores en los últimos 19 años, afirmó este miércoles la titular del Ministerio del Trabajo (MITRAB), Johana Flores.
“Haciendo una mirada retrospectiva vemos que en el 2006, por ejemplo, nos encontramos con un salario mínimo de mil 285 córdobas. Hoy el salario mínimo vigente para este año, hasta el 28 de febrero del próximo año, anda por encima de los 9 mil córdobas. Entonces se ve esa voluntad política de nuestro Gobierno de seguir protegiendo y seguir avanzando en la restitución de derechos a los trabajadores nicaragüenses”, aseveró la representante del MITRAB en una entrevista al programa Revista en Vivo de Canal 4.
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Explicó, que gracias a las políticas macroeconómicas implementadas en el país y el esfuerzo por garantizar la tasa de inflación más baja de la región centroamericana, está permitiendo un mayor poder adquisitivo de los trabajadores.
“Nicaragua celebra este 1° de Mayo ratificando ese principio constitucional que en Nicaragua el trabajo es un derecho, es una responsabilidad social y representa la principal fuente de dignidad de la persona humana”, refirió.
La Ministra del Trabajo, destacó que como parte de la defensa del salario del trabajador nicaragüense, se cuenta con un subsidio al transporte, salud y educación gratuita y de calidad; la Merienda Escolar y los bonos que se dan en preescolar y en bachillerato, así como programas de viviendas de interés social; que representan un apoyo indirecto que favorecen la economía del obrero, ya que no tiene que preocuparse por sufragar esas necesidades esenciales para él y para su familia.
De igual forma, en el ámbito laboral, se cuenta con la Ley 815, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua, que ha permitido en las demandas laborales reducir la espera para el pago de las prestaciones sociales, logrando en una primera instancia un tiempo de respuesta de uno a tres meses y en una segunda instancia de cinco a siete meses en promedio, dando además acompañamiento a los trabajadores a través de la Defensoría Laboral.
“Esto está consagrado en nuestra Constitución Política y nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que lidera nuestro Copresidente, Comandante Daniel (Ortega), la Compañera Rosario (Murillo), garantizan la tutela de los derechos de los trabajadores a través del cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social, pero también muy importante a través de un modelo de diálogo, consenso tripartito, la justicia laboral y la paz social entre empleadores, trabajadores y el Estado”, concluyó la ministra.
