El incremento de riñas, amenazas, portación de armas blancas y presunta tenencia de drogas en centros educativos de Managua ha reabierto el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes en Nicaragua.
El especialista en Derecho Penal y Género, doctor Edén Aguilar, explicó en el programa Noticias y Comentarios de Radio 580, que los menores de edad sí pueden enfrentar procesos judiciales cuando cometen delitos en el ámbito escolar, aunque bajo un sistema especializado que diferencia su tratamiento del aplicado a los adultos.
En la última semana de abril de este año, las autoridades del Instituto Nacional Miguel Bonilla de Managua, encontraron un cuchillo y marihuana en las mochilas de dos estudiantes, estos fueron expulsados por una semana e incorporado en el turno vespertino, afirmaron padres de familia a esta emisora.
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No obstante, el jueves 7 de mayo, en las afueras del centro educativo del Distrito 7 de esta capital, hombres y mujeres del alumnado del Miguel Bonilla, fueron amenazados por estudiantes que portaban cuchillos y botellas, mientras otros se liaban a golpes.
Una escena más dramática se vivió el viernes 8 de mayo cuando un estudiante de 13 años del Centro Público Villa Libertad, fue golpeado en el callejón Los Talones, por otros dos alumnos y otro muchacho ajeno al colegio identificado como “Maynor”, quien golpeo y enterró un puñal en la espalda de la víctima, pero el arma no llegó a travesarle gracias a que portaba su mochila.
En este caso, la madre de uno de los agresores estudiante del Centro Público Villa Libertad, entregó a su hijo a la policía, que investiga el caso.
“Portar un arma es una conducta delictiva“
En este contexto, el doctor Aguilar señaló que portar armas dentro de un centro educativo puede configurar delitos, incluso cuando estas no hayan sido utilizadas.
“Solo con el hecho de portar un arma, es una conducta delictiva”, afirmó el especialista, quien explicó que existe diferencia entre llevar consigo un arma y utilizarla para amenazar o agredir.
El experto detalló que si a un estudiante se le encuentra droga en su mochila también podría enfrentar cargos por posesión ilegal de estupefacientes, y en casos más graves, por tráfico en menor escala si existe evidencia de distribución dentro del entorno escolar.
“Si me encuentran en mi mochila sustancia prohibida como marihuana, cocaína o crack, eso significa que me pueden acusar o procesar por el delito de posesión ilegal de estupefaciente”, indicó a Radio 580.
El adolescente no es “impune”
Durante la entrevista, Aguilar insistió en que existe una percepción equivocada de que los menores de edad no pueden ser procesados penalmente.
“El adolescente no tiene una licencia de impunidad en nuestro sistema de justicia”, sostuvo.
El jurista explicó que la legislación nicaragüense establece que un adolescente puede ser sometido a un proceso especializado desde los 13 años hasta antes de cumplir los 18.
Sin embargo, aclaró que entre los 13 y 15 años no cumplidos no se aplica privación de libertad, sino medidas educativas, psicológicas y correctivas.
En cambio, entre los 15 y 18 años no cumplidos sí puede ordenarse prisión en casos graves.
“Puede cometer dentro de la gama de delitos femicidio, tráfico de droga, posesión de arma, amenazas, intimidación y otras conductas prohibitivas”, expresó.
No se llama pena “se llama medida”
Aguilar explicó que el sistema penal adolescente tiene un enfoque educativo y de reinserción social.
“En el caso del adolescente no se llama pena, se llama medida. Y la medida tiene un fin eminentemente educativo”, afirmó.
Añadió que los adolescentes privados de libertad deben permanecer en centros especializados y separados de adultos, donde reciben atención psicológica, pedagógica y social.
Centros educativos deben denunciar
El penalista también señaló que los colegios tienen responsabilidad cuando detectan situaciones de violencia, drogas o armas entre estudiantes.
“No se trata solo de expulsar al muchacho y ya no es problema mío”, dijo.
Según Aguilar, los centros educativos deben informar a la Policía Nacional y al Ministerio de la Familia para activar los protocolos correspondientes.
Además, sostuvo que la prevención temprana y el acompañamiento familiar son fundamentales para evitar que los adolescentes profundicen conductas violentas.
Uno de los puntos más debatidos, explicó Aguilar, es por qué los adolescentes enfrentan una sanción máxima de seis años incluso en delitos graves.
¿Por qué la pena máxima son 6 años?
El especialista aseguró que esto responde a estándares internacionales adoptados por Nicaragua y a un sistema de equivalencia jurídica basado en el desarrollo evolutivo del adolescente.
“Por cada año de un adolescente corresponden cinco años de un adulto. Seis por cinco equivale a treinta años”, explicó.
Añadió que la legislación reconoce que los adolescentes aún se encuentran en una etapa de desarrollo físico, psicológico y emocional distinta a la de un adulto.
Finalmente, Aguilar sostuvo que detrás de muchos casos de violencia juvenil también existen fallas familiares y sociales.
“Nos desbocamos en querer sancionar con rigurosidad al adolescente cuando queremos obviar nuestra corresponsabilidad de lo que el infractor acaba de hacer”, expresó.
No obstante, reiteró que el sistema penal adolescente sí contempla sanciones y restricciones de libertad para quienes cometen delitos graves.
“El adolescente merece protección, pero no tiene licencia de impunidad”, concluyó.
