Admiten acusación contra señaladas de asesinar a comerciante en terminal de buses de Rosita

Fue admitida en los juzgados de Siuna, Caribe Norte, la acusación en contra de Jorlin Lizbeth Soza Rivera de 35 años y María Elba Rivera Montoya de 59 años, la primera señalada como la presunta autora del asesinato en contra de una vendedora de comida de la terminal de buses en Rosita y la segunda como cooperadora necesaria.

En contra de Jorlin Lizbeth hay una orden de captura, ya que el día que cometió el crimen se dio a la fuga, mientras que María Elba fue llevaba a los juzgados, donde además de dictarle prisión preventiva, se le fijó la audiencia inicial para el 29 de junio a la una de tarde.

La tarde del 12 de junio, en la terminal de buses de Rosita fue asesinada de varias puñaladas la comerciante Oneyda del Carmen González Peralta de 36 años, quien laboraba vendiendo comida y en una discusión por el espacio de los tramos, fue agredida por Jorlin Lizbeth y María Elba.

En la discusión también resultó lesionada Kendi Valeska Figueroa Castro.

En la audiencia preliminar el Ministerio Público, expuso que la discusión empezó entre Jorlin Lizbeth y Kendi Valeska; posteriormente se sumó María Elba quien armada de un cuchillo le realizó al menos 10 filazos a Kendi Valeska; posteriormente le entregó el arma blanca a Jorlin Lizbeth y la instó a agredirla, al momento de ponerle el cuchillo en el abdomen, salió en su defensa Oneyda del Carmen, recibiendo una estocada en el cuello que le provocó una fuerte hemorragia, muriendo minutos después.

El Juez de Audiencia Penal Local de Siuna, Elder Calderón Rivera, admitió como pruebas los testimonios del investigador policial,  de la jefa de la delegación policial de Rosita y los peritajes de los médicos forenses.

Recientemente, los familiares de la víctima, anunciaron una recompensa de tres mil dólares en efectivo, para quien brinde información que permita la detención de Jorlin Lizbeth.

Al parecer, los conflictos entre las agresoras y la víctima eran constantes, por lo que tuvieron que recurrir a la Policía Nacional, donde firmaron un acuerdo de mediación que no cumplieron.