Costa Rica rechaza campaña por extradición de asesino de una policía en Río San Juan

Ante los diversos ataques que ha sido objeto el gobierno de Costa Rica a raiz de la extradiccion del asesino de una policía en la comunidad Buena Vista, municipio de El Castillo (Río San Juan), Douglas Pérez Centeno, el Ejecutivo costarricense a través de un comunicado emitido este domingo, rechazó participación alguna debido a que se trata un tema meramente judicial.

“Ante informaciones que circulan en medios de comunicación y donde vinculan al Poder Ejecutivo en la extradición del nicaragüense Douglas Pérez Centeno, el  gobierno desmiente categóricamente estas aseveraciones“, indicó la nota de la Presidencia de Costa Rica.

Pérez Centeno, participó junto a un grupo delincuencial, en el asesinato de la policía Aracely Marisol Díaz Salinas (20 años), y del civil Pedro Pablo Chavarría (56 años), el 1 de octubre de 2022, cuando también robaron la planilla del personal (C$500,000), de la compañía exportadora de cacao Agroindustrial El Río.

El delincuente fue entregado la mañana del viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica a las autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

“La extradición es un proceso 100 % judicial en el que sólo tiene participación y ejecución las autoridades de ese Poder de la República”, aclaró el gobierno tico a las manipulaciones que se hacen desde las plataformas comunicacionales que son pagadas y que también se usan para atacar al gobierno nicaragüense.

Según agentes judiciales de Interpol, Pérez Centeno, habría sido detenido el 31 de octubre de 2022 en Los Lagos de Heredia, a solicitud de Nicaragua tras ser acusado de homicidio, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, crimen organizado y secuestro simple.

Queda pendiente de ser extraditado Reynaldo Picado Miranda, quien esta detenido en Costa Rica desde octubre de 2022. Mientras que Ramón Antonio Argeñal (55 años), por el mismo caso, fue condenado en Managua a cadena perpetua y otros 103 años.

“Aclaramos que este proceso, verificado y desarrollado jurisdiccionalmente y al ser de naturaleza judicial, no participan autoridades del Poder Ejecutivo en forma absoluta“, concluyó el comunicado.