La Asamblea Nacional aprobó este viernes de manera unánime, el Decreto Legislativo del Acuerdo para la creación del Centro Internacional del Manglar con el fin de conservar y aprovechar de manera sostenible las más de 102 mil hectáreas de bosques que hay de esta especie protegida, en las costas del Pacífico y el Caribe del país.
“Es un paso en el sentido correcto que está haciendo el Gobierno de incorporarse activamente en esta iniciativa para canalizar recursos para proteger la biodiversidad de más de 102 mil hectáreas de manglares que tenemos en nuestro país. Los manglares captan de 4 a 10 veces más carbono por hectárea que un bosque forestal normal, común y corriente, por eso es la importancia”, explicó en su intervención el diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez.
- Te puede interesar: MINSA cerrará diciembre llevando atención gratuita especializada a más de 2 mil barrios


El 6 de noviembre del año pasado, el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, suscribió junto a otras naciones del mundo en la ciudad de Shenzhen de la República Popular China, el Acuerdo de creación del Centro Internacional del Manglar.
“El Centro Internacional del Manglar fortalecerá la cooperación internacional con la República Popular China, implementando acciones conjuntas en la conservación, restauración, uso racional y sostenible de los manglares”, indicaron las autoridades.
El decreto enviado por los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, explicó en la exposición de motivos, que durante la décimo cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la Convención de Ramsar sobre los Humedales, se acordó la creación del Centro Internacional del Manglar, como un mecanismo intergubernamental de cooperación técnica y científica orientado a fortalecer las capacidades nacionales para la conservación, restauración y uso sostenible de los manglares; logrando materializar esta iniciativa a través del instrumento jurídico multilateral suscrito en el 2024 por Nicaragua en la ciudad de Shenzhen de la República Popular China.
“El acuerdo constituye una oportunidad estratégica para robustecer las políticas públicas ambientales, mejorar los métodos de gestión de los ecosistemas costeros y consolidar la participación del país en plataformas internacionales dedicadas a la protección de los humedales”, refiere el decreto.


De acuerdo a lo aprobado por los diputados, este centro estará compuesto por un consejo que estará integrado por los Estados Miembros, una Secretaría, un Director General, un Director General adjunto administrativos y financieros, un Director General adjunto para los programas y relaciones exteriores y un equipo de profesionales, según los requerimientos del plan de trabajo y los recursos disponibles.
“Desde todo punto de vista, esto no se puede considerar un gasto, porque efectivamente cuidar los manglares es un gasto, pero más que un gasto es una inversión. Primero, porque lo que nos devuelven los manglares es muchísimo más de lo que nosotros aportamos para cuidarlos. Y segundo, de que existe un mecanismo internacional donde nos pagan por captar carbono. En síntesis, es una operación ganar-ganar donde todas las y los nicaragüenses debemos de aportar”, resaltó el diputado Wálmaro Gutiérrez.
La sede del centro y donde funcionará la Secretaría será en la ciudad de Shenzhen, República Popular China y se financiará con las contribuciones de los Estados Miembros.
“El Centro Internacional del Manglar beneficia a países en desarrollo a través de programas y proyectos de cooperación para la protección costera, la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático y la generación de ingresos para este recurso, así también, programas destinados a que constituyan una defensa natural contra tormentas, para la captura de carbono de forma efectivas y oportunidades para el ecoturismo. Por lo que Nicaragua al ser Estado Miembro del centro, verá fortalecida las actividades de conservación aprovechamiento sostenible de los bosques de mangles”, destaca parte de lo aprobado por el órgano legislativo.

