Con fundamento en los principios constitucionales de legalidad, eficiencia administrativa y racionalización del Estado, y para evitar duplicidades institucionales y fortalecer la seguridad jurídica; el Parlamento aprobó este jueves la Iniciativa de Ley de Derogación de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia (Procompetencia) y de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC).
En consecuencia, quedan derogadas las leyes de creación de ambas instancias gubernamentales y con ello se suprime la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) y la Dirección de Promoción de la Competencia (Procompetencia).
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El proyecto aprobado establece que quedan sin efecto legal todas las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional que establezcan trámites ante la DIRAC, así como las acreditaciones otorgadas por esta a personas naturales o jurídicas para operar como Centros de Mediación o entidades administrativas de mecanismos de solución alterna de controversias.
Finalmente, la iniciativa refrendada precisó que sobre el destino patrimonial, será el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de Justicia quienes coordinarán la reasignación de bienes, activos y recursos financieros de Procompetencia y de la DIRAC, conforme a la ley.
Aprueban reforma a la Ley de Servicio Civil
En esta misma jornada, el Parlamento aprobó una reforma a la Ley 476, Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, con el propósito de modernizar y hacer más eficiente la administración del Estado.
Por ello, queda suprimida la Comisión de Apelación del Servicio Civil, ya que el derecho a recurrir de los servidores públicos se garantiza plenamente trasladando la tramitación del Recurso de Apelación a los procedimientos ordinarios de la Ley N.° 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
“En caso de desacuerdo con la calificación de desempeño, el servidor público podrá recurrir de revisión ante Recursos Humanos según esta ley, y de apelación conforme a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. El reglamento definirá el procedimiento”, establece la normativa reformada.
