La Asamblea Nacional de El Salvador aprobó por décima novena ocasión, el régimen de excepción, lo que origina mantener la suspensión de tres derechos constitucionales a todos los salvadoreños.
La medida del presidente Nayib Bukele, vigente desde marzo 2022, ha permitido según las autoridades, reducir a cifras históricas los asesinatos y la captura de unas 73,000 personas a las que se le acusa de pertenecer a las pandillas.
A la par de los resultados que destacan los funcionarios del gobierno, también hay críticas negativas como las de organizaciones humanitarias que afirman que existen más de 5,000 «víctimas directas» de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias en contra de la población.
En esa vía, La Prensa Gráfica de El Salvador, informó que a pesar que en las últimas semanas han sonado con más fuerza las denuncias por abusos cometidos por militares —incluyendo la violación sexual de una menor de edad— así como también el reclamo por el asesinato de una menor de edad en Soyapango, pese a que en el municipio hay un cerco militar, Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la extensión del régimen por un mes más.
El vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (organización que llevó al poder a Bukele), rechazó los cuestionamientos sobre los abusos cometidos por militares, y aseguró que las denuncias son “hechos aislados” y que “no es que sea un patrón lo que estos militares han hecho».
Contrario a esa defensa del Estado de Excepción, el diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, dijo que el riesgo de abusos en el régimen fueron advertidos desde un primer momento, sin que el oficialismo quisiera aplicar medidas para evitarlos.
“Ha habido una evolución en el régimen. Tristemente se han ido cumpliendo nuestros argumentos de porqué nos oponíamos al régimen y a sus prórrogas”, indicó Wright.
Agregó que lo que se ve, es una replica de lo sucedió hace un mes; «un cerco para justificar que siempre hay pandilleros”.
Y es que el presidente Bukele, dio inició este miércoles a un nuevo despliegue de 3,500 soldados del Ejército y 500 policías para establecer cercos en tres comunidades de la nación, en el marco del régimen de excepción, bajo la bandera de lucha contra las pandillas.
La medida, que se implementa en ejecución de la fase ‘Extracción’ del Plan de Control Territorial (PCT), atañe un cerco militar a las colonias Valle Verde y Popotlán en el municipio de Apopa, así como a La Campanera, en el municipio de Soyapango.
En ese sentido, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, justificó que el cerco busca «someter» a los miembros de estructuras terroristas
Mientras, el titular de Defensa, Merino Monroy, mencionó que esta acción se debe a que las autoridades han «respondido a la población» que indica que existen algunos pandilleros que han decidido reorganizarse en estos lugares.
