La investigación de una red dedicada a simular accidentes de tránsito para cobrar indemnizaciones de seguros reveló que el fraude no se ejecutaba únicamente desde afuera. Según la acusación presentada ante el Juzgado Sexto de Audiencias de Managua, tres trabajadores de la aseguradora involucrada facilitaron desde el interior del banco el avance de expedientes que contenían información y documentación falsa.
La estructura, integrada por 14 personas, operó entre marzo de 2023 hasta diciembre de 2025, utilizando un mecanismo que comenzaba con la obtención de información de vehículos y sus pólizas, continuaba con la fabricación de supuestos accidentes y documentos falsificados, y terminaba con la tramitación de los reclamos para obtener los pagos.
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De acuerdo con el expediente de la acusación, el esquema provocó un perjuicio de 4 millones 287 mil 100 córdobas (equivalentes a unos 117 mil dólares), mediante la aprobación de 46 cheques.
El Ministerio Público señala como presunta cabecilla a Jessenia Yaoska Sierra Guerrero, de 34 años, quien obtuvo información de vehículos asegurados, preparó la documentación falsa y envió los reclamos a través de WhatsApp.
Junto a ella aparecen señalados su pareja, Rafael Gutiérrez Gutiérrez; su hermana, Adriana Patricia Zapata Guerrero; y el esposo de esta, Erick Gabriel Robleto Ríos, quienes presuntamente conseguían información de pólizas y reclutaban a personas para figurar como beneficiarios de los supuestos accidentes.
Pero, según la acusación, el punto determinante del mecanismo estaba dentro de la propia compañía. John Hamilton Mendieta Jiménez, jefe de Reclamos de Automóvil, es señalado de omitir controles antifraude y autorizar la emisión de cheques; mientras Juan Ramón Pérez Marenco, inspector de reclamos de automóviles, presuntamente omitía las inspecciones físicas de los vehículos y validaba los daños mediante informes cuestionados por la Fiscalía.
A ellos se suma Yorling Valeska Mercado Martínez, analista de atención al cliente, a quien el Ministerio Público atribuye haber incorporado al sistema documentos falsificados y haber evitado que determinados expedientes pasaran por el área legal.
La acusación sostiene que estas actuaciones permitieron que reclamos fraudulentos avanzaran dentro del procedimiento de la aseguradora.
La operación funcionaba mediante la simulación de colisiones que nunca ocurrieron.
Para darles apariencia de legalidad, los involucrados presuntamente utilizaban certificados falsos de accidentes de tránsito y contratos de compraventa falsificados, además de personas que prestaban sus nombres y datos para aparecer como beneficiarios de las indemnizaciones.
En el expediente también figuran Yuri Mercedes Ríos, Sorayda del Socorro Silva Stanley, Johanna María Montenegro González, Jeffry Francisco Mendieta Zúñiga, Livingstone Ramón Zepeda Cruz, Bryan Antonio Reyes Suazo y José Carlos Zapata Guerrero, acusados de prestar sus identidades para los supuestos reclamos.
La Fiscalía atribuye a los principales implicados los delitos de crimen organizado y estafa agravada. Además, a Jessenia Sierra y Yorling Mercado les imputa uso de falso documento en perjuicio del Estado de Nicaragua. Al tratarse de un proceso en curso, corresponde a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad penal individual de cada uno de los acusados.
La investigación fue desarrollada por la Unidad Especializada Contra los Delitos de Delincuencia Organizada de la Policía Nacional, que reunió las evidencias que posteriormente sustentaron la acusación presentada ante los tribunales.
El caso deja al descubierto, según la tesis del Ministerio Público, una operación en la que la falsificación de documentos y la simulación de accidentes se combinaron con presuntas omisiones y acciones desde el interior de la empresa para concretar los pagos.
