Un juez de Australia dejó en libertad bajo fianza a un hombre de 25 años acusado de once violaciones que alega que padece ‘sexsomnia’, informan medios locales.

Los hechos salieron a la luz después de que una de sus presuntas víctimas denunciara que había sido violada por el individuo en 2019. Tras ser arrestado, este alegó que sufría dicho trastorno del sueño, que consiste en tener actividad sexual mientras se está dormido.

El sujeto, natural de South Gippsland (estado de Victoria), indicó que si bien no había sido diagnosticado de manera oficial, «formó su opinión en base a los avisos de sus parejas anteriores». Asimismo, les dio a los agentes sus nombres para que verificaran su afirmación.

La Policía encontró en su teléfono una lista de 89 nombres repartida en dos notas tituladas «sexo» y «relaciones». De momento, los agentes han podido contactar con 80 de ellas, de las cuales 19 afirmaron haber sufrido abusos sexuales por parte del hombre.

No obstante, hasta la fecha solo once optaron por declarar en su contra. Seis de ellas decidieron no emprender acciones legales, sin especificar la razón, mientras que otras dos están pensando si tomar ese paso o no.

El fiscal aseguró que los 21 cargos de violación, agresión sexual e indecente y conducta imprudente que implica lesiones graves que enfrenta el individuo son algunos de los más graves que ha visto en toda su carrera y describió el caso como un «comportamiento depredador».

A pesar de ello y de la oposición tanto de la Policía como de los abogados de la acusación, el juez dejó al acusado en libertad después de que sus padres pagaran una fianza de alrededor de 14.500 dólares.

Los supuestos delitos se remontan hasta 2011 e involucran a mujeres que en el momento de los hechos tenían entre 14 y 29 años. En algunas ocasiones, el hombre decía a sus víctimas que padecía de ‘sexsomnia’ y que no tenía control sobre sus acciones ni las recordaba, asegurándoles que «había hecho cosas similares» antes.

Mientras la investigación sigue en curso, el sujeto está obligado a vivir en casa de sus progenitores —donde ocurrieron algunas de las presuntas violaciones— y cumplir un toque de queda. Además, tiene prohibido usar redes sociales y aplicaciones de citas.