La Ley 1129, conocida como la “Ley sobre Correduría y Bienes Raíces de Nicaragua,” fue promulgada el 8 de septiembre de 2022, con el propósito de establecer una regulación exhaustiva para el mercado de bienes raíces y mobiliario en el país, dicha normativa vino a reemplazar y actualizar una ley previa que requería ajustes para adecuarse a la evolución del sector, informó este martes Nohemy Solano, Directora de Comercio Interior del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
“Teníamos una ley del 2012 que no se había implementado y hay un gran cambio en la ley, se crea una unidad de correduría de bienes raíces que coordina el MIFIC y es la autoridad competente para llevar este ordenamiento. La ley lo que busca es que todos los corredores de Nicaragua consten con una licencia para operar como corredores de bienes raíces, que todos vayan en la misma línea para que el mercado sea transparente”, dijo Solano.
La necesidad de revisar y modificar la legislación previa fue reconocida por la Asamblea Nacional, que aprobó la nueva ley con el objetivo de mejorar la regulación de las actividades relacionadas con la correduría y los bienes raíces en Nicaragua.
La entrada en vigor de esta ley en diciembre de 2022 marcó un hito significativo en la industria, ya que proporcionó una estructura legal más sólida para los profesionales del sector y promovió un entorno de confianza y seguridad jurídica.
Solano aludió, que una de las características destacables de la Ley 1129 es la creación de un marco normativo que establece criterios uniformes para los corredores de bienes raíces. Además, impone obligaciones claras y requisitos específicos para su ejercicio profesional, lo que contribuye a elevar los estándares de calidad y ética en la industria.
La regulación abarca diversos aspectos de la actividad de corretaje, incluida la promoción y venta de bienes inmuebles, así como la intermediación en operaciones relacionadas.
Desde la entrada en vigencia de la ley el (MIFIC), ha desempeñado un papel fundamental al ofrecer cursos y capacitaciones dirigidos a los profesionales del sector. Estas iniciativas tienen como objetivo garantizar que los corredores de bienes raíces operen bajo un conjunto unificado de criterios y requisitos, lo que contribuye a mantener la coherencia y la calidad en sus servicios.
Hasta la fecha actual, 120 corredores han obtenido sus licencias de acuerdo con los nuevos requisitos establecidos por la Ley 1129. Además, se encuentra en proceso el trámite de licenciamiento para un número adicional de agentes que buscan cumplir con los criterios establecidos por la ley.