Parlamento aprueba ley que fortalece lucha frontal contra delitos del crimen organizado

El Parlamento de Nicaragua aprobó este miércoles la Iniciativa de Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, cooperación e intercambio de información para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos.

La iniciativa tiene el fin de fortalecer la coordinación y cooperación entre las instituciones encargadas de la detención, investigación y persecución de diversos delitos del crimen organizado y seguir contribuyendo a la seguridad ciudadana del pueblo nicaragüense.

El diputado Carlos Emilio López, expuso que la mayoría de estos delitos no tienen su origen en el territorio nacional, sino que provienen del exterior pero que gracias a la labor de las instituciones del Gobierno Sandinista, Nicaragua ha logrado establecer un “muro de contención” efectivo, que se ha convertido en un referente internacional.

Explicó que la creación de un Consejo Presidencial dedicado a contrarrestar delitos de crimen organizado y otros delitos conexos, reafirma el compromiso del gobierno en enfrentar de manera frontal todas las formas de transgresiones en el país.

El proyecto de ley fue enviado por la Presidencia de Nicaragua y en su justificación se expone que el “Consejo tendrá dentro de sus funciones identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con delitos provenientes del crimen organizado, narcotráfico y otros delitos establecidos, así como coordinar la elaboración de propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales para que sean presentadas al Presidente de la República para su aprobación”.

Al respecto el legislador Edwin Castro, aseveró que el establecimiento de un Consejo Presidencial, significa apoyar la paz, siendo de un valor indestructible en el país, y que representamos un oasis de tranquilidad en la región.

“Con esta nueva estructura, el gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso con la seguridad nacional y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, enviando un mensaje claro de que el país no cederá terreno ante amenazas externas“, indicó Castro.

Aspectos de la iniciativa de ley:

En el Artículo 3 se detalla que el Consejo será una instancia a nivel interinstitucional de Coordinación, Cooperación e Intercambio de Información que responde directamente al Presidente de la República y que estará integrado los titulares de las siguientes instituciones:

Unidad de Análisis Financiero, quien lo coordina, Poder Judicial, Procuraduría General de la República. Banco Central de Nicaragua, Ministerio Público, Ministerio del Interior Policía Nacional. Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Servicios Aduaneros.

A través del Coordinador, se podrá convocar a otras instituciones cuando se estime necesario para el cumplimiento de sus funciones, y dicho Consejo sesionará de forma ordinaria dos veces al año y de forma extraordinaria cuando lo soliciten sus miembros.

Funciones y atribuciones

1. Identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con delitos provenientes del crimen organizado, narcotráfico establecidos en la y otros delitos Ley 735, “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados”, y en la Ley No. 977, “Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” y tomar las medidas de mitigación que correspondan.

2. Coordinar y cooperar con las autoridades competentes que conforman el Sistema Nacional Anti-Lavado de Activos, contra el Financiamiento al Terrorismo y contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el objetivo consolidar la preparación del país para el cumplimiento de la Estrategia y Plan Nacional de fortalecimiento de dicho Sistema, en correspondencia con los Estándares Internacionales; resultados que deberá informar periódicamente al Presidente de la República.

3. Elaborar propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales relacionadas con el objeto de la ley, para someterlas a aprobación del Presidente de la República

4. Evaluar el cumplimiento y la efectividad de las políticas públicas y estrategias nacionales e informar periódicamente al Presidente de la República.

5. Coordinar con las autoridades competentes los planes y acciones de cooperación e intercambio de información en la lucha contra los delitos objeto de la presente Ley.

6. Coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para implementar las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva; incluyendo, las designaciones nacionales y las solicitudes de terceros países.

7. Coadyuvar con las autoridades competentes al desarrollo de capacidades operativas e investigativas y a la vez, Elaborar y desarrollar programas de capacitación para los funcionarios de las instituciones pertinentes sobre temas desde su ámbito de competencia.

8. Conformar equipos multidisciplinarios entre las autoridades competentes que permitan el intercambio y análisis de información para agilizar los procesos de investigación y judicialización de los delitos relacionados al objeto de la presente Ley.

9. Promover la elaboración y firma de convenios de coordinación, cooperación e intercambio de información ya sean bilaterales o multilaterales entre las distintas autoridades competentes nacionales.

10. Promover con base al principio de reciprocidad la elaboración y firma de convenios internacionales de coordinación, cooperación e intercambio de información en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, y otros delitos conexos ya sean bilaterales o multilaterales con países o autoridades pertinentes.

11. Establecer los procedimientos que regulen las actividades de coordinación, cooperación e intercambio de información entre las autoridades nacionales e internacionales.

12. Proponer al Presidente de la República la adhesión a organismos internacionales especializados en el análisis e intercambio de información relacionada con crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, y otros delitos conexos.

13. Informar al Presidente de la República anualmente sobre los resultados de las actividades realizadas por el Consejo e informes específicos cuando él lo determine.

14. Conformar los Comités técnicos y Comisiones de trabajo interinstitucionales que estime convenientes para la consecución de los objetivos de la presente Ley.

15. Elaborar y aprobar su reglamento interno, el que será revisado de manera periódica.

En la iniciativa enviada a dictaminar, se destaca que “siendo de gran importancia nacional el combate del delito, sobre todo los relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, se hace necesario mejorar las instancias de coordinación interinstitucional, con la finalidad de incrementar la cooperación y coordinación de las instituciones encargadas de la detección, investigación, persecución y judicialización de estos delitos”.

Asimismo, este Consejo tendrá dentro de sus funciones identificar evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con delitos provenientes del crimen organizado, narcotráfico y otros delitos establecidos, así como coordinar la elaboración de propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales para que sean presentadas al Presidente de la República para su aprobación.