La Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Certificación de Permisos y Autorizaciones Ambientales, estableciendo que ahora le compete a la Procuraduría General de la República (PGR), otorgar las certificaciones ambientales de los permisos o autorizaciones que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) emite conforme a la clasificación establecida en el decreto número 20-2017 “Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el uso sostenible de los Recursos Naturales“.
“La iniciativa lo que busca es completar el proceso de autorizaciones o permisos ambientales relacionados con el desarrollo de proyectos, obras, industria, porque ahorita los permisos pasan por varios eslabones uno de ellos es el que tiene que ver con la Alcaldía que da un permiso ambiental o certificación y posteriormente está el permiso ambiental de Marena, eso está relacionado con el sitio, características del lugar, la construcción, aspectos ambientales, pero para completar adecuadamente esto, también tiene que haber una forma de verificar y comprobar los aspectos legales de la propiedad”, refirió Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva.
Indicó que, para comprobar la idoneidad de los inversionistas o empresas que van a invertir y construir es necesario contar con la institución que maneje el registro mercantil público de la propiedad, el que pertenece a la PGR.
“Esta es una ley que actúa en un modelo similar a la que aprobamos relacionado con la verificación de los proveedores del estado, que todo continúa, pero al final tiene que haber una certificación que verifique y de constancia”, finalizó.
Por su parte, Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Junta Directiva, exluso que para la certificación ambiental, la PGR requerirá al Marena e instituciones públicas pertinentes, para la información y colaboración que considere necesaria. Asimismo, a fin de realizar las verificaciones o inspecciones, podrá auxiliarse de las autoridades de la Policía Nacional.
“La PGR deberá resolver sobre la solicitud en un plazo de 30 días prorrogables por una sola vez por el mismo plazo, transcurrido el plazo operará el silencio administrativo negativo”, detalló la diputada
Una vez obtenidos los permisos o autorizaciones correspondientes, el beneficiario previo al inicio de los proyectos, obras, industrias deberá tramitar obligatoriamente ante la PGR la certificación ambiental de los referidos permisos o autorizaciones, sin la cual no podrá iniciar los trabajos.
