La Asamblea Nacional aprobó este miércoles la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), con el objetivo de fortalecer las funciones de esta institución y garantizar mayor eficiencia en la administración municipal en Nicaragua.
La iniciativa establece cambios claves en el marco jurídico que regula a las municipalidades, incluyendo la derogación de la Ley 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal. A partir de esta reforma, las y los servidores públicos municipales pasarán a estar amparados bajo la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.
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Entre las modificaciones más relevantes, el artículo 2 redefine las funciones de la PGJ, incorporando la responsabilidad de velar por las conquistas del pueblo nicaragüense en relación a las obligaciones municipales y las regiones autónomas de la Costa Caribe, promoviendo sistemas de recursos humanos más eficientes y transparentes.
Asimismo, la reforma contempla la implementación de un sistema de capacitación para los servidores públicos municipales, el cual será financiado con el 2% del total de las planillas de las alcaldías. Esta medida busca fortalecer las capacidades técnicas del personal en beneficio de la gestión local.
El nuevo marco legal también establece que los bienes, activos y recursos de la Carrera Administrativa Municipal pasarán a ser administrados por la PGJ. De igual forma, el personal que laboraba en dicha estructura será incorporado a la nómina de la institución, respetando sus derechos laborales, antigüedad y beneficios.
