Una jubilada es empujada por policías. Otra yace tirada en el suelo. Una más es golpeada y pateada. Un anciano tiene el rostro empapado de gases lacrimógenos y apenas puede respirar. Manifestantes de cabellos encanecidos y rostros arrugados son agredidos con toletes, escudos, llevados en ambulancias.
Estas son las crudas imágenes que se han repetido en la última semana en los alrededores del Congreso de Argentina, en donde miles de personas mayores han acudido para repudiar el decreto del presidente Javier Milei que echa atrás una ley de movilidad jubilatoria que aprobaron diputados y senadores. La respuesta ha sido la represión.
La violencia tuvo un punto culmen el miércoles, ya que obligó a suspender el primer informe que el ministro del Interior, Guillermo Francos, presentaba ante el Congreso.
El proyecto de la discordia sumaba un incremento del 8,1 % a las jubilaciones en el país sudamericano. Representaba un ingreso extra mensual de 13,054 pesos (13 dólares) para un universo de 13 millones de jubilados.
El monto es irrisorio, ya que equivale al precio de un kilo y medio más de carne, pero en medio de la grave crisis económica que padece el país, es fundamental para cualquier ciudadano. Le puede resolver una treintena de pasajes de autobuses urbanos en la ciudad de Buenos Aires. O una factura de luz, gas o agua.
Sin embargo, Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria con el argumento de que esos egresos provocarían el déficit fiscal que tanto ha prometido combatir. Insistió con esa idea la misma semana en la que les confirmó a los empresarios más ricos del país: “vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”.
En las calles, la lucha de las y los jubilados se sostiene con movilizaciones en el Congreso a pesar de que las represiones son reiteradas, cada vez más violentas, y amenazan con convertirse en una nueva crisis política para el Gobierno.
