Tomado de Crhoy.com /. Al menos 13 jerarcas de diferentes instancias en el Poder Ejecutivo y órganos del Poder Judicial, así como exministros, ex viceministros y otros antiguos funcionarios de altos cargos serán los primeros en comparecer ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en la investigación para determinar la posible existencia de un “narcoestado” en Costa Rica.

Este jueves, dicho órgano parlamentario aprobó una moción para traer a cuentas al ministro Mario Zamora y el viceministro Manuel Jiménez Steller nuevamente, como parte de las indagaciones sobre decisiones tomadas sobre los cuerpos policiales y que han levantado tanto sospechas como cuestionamientos. 

Exministros y exviceministros de Seguridad, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y otros exfuncionarios vinculados a la Fiscalía, al OIJ y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), también deberán brindar sus criterios ante los diputados.

La investigación que perseguirán los diputados, pretende seguirle la pista a las sospechosas que se han elevado en los últimos años, sobre el gobierno del mandatario Rodrigo Chaves Robles y su posible nexo con algunas actividades de la delincuencia organizada, así como decisiones y movimientos hechos por el actual Poder Ejecutivo que en apariencia, debilitan la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos.

El pasado 10 de octubre, el plenario aprobó una moción para que se abriera dicha investigación, a cargo de la Comisión de Seguridad.

La intención de los diputados es obtener información y conocimiento de jerarca, expertos y especialistas en el combate contra el crimen organizado, a través de las 13 audiencias aprobadas.

“Efectivamente esa moción y esas audiencias ya serán parte de ese expediente. Pero estas que hemos tenido (sobre irregularidades en Guardacostas) que se empezaron a abrir como al mismo tiempo, igual las vamos a anexar al expediente.

“Todo esto va a formar parte de este expediente oficial, formal de la comisión de investigación sobre lo que hemos llamado indicios de un narcoestado, o decisiones que han favorecido en la práctica, conscientes o no, a los narcotraficantes”, destacó la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio.

Cabe indicar que el Ministerio Público investiga al Presidente Rodrigo Chaves por posibles vínculos con el crimen organizado. Se trata de una causa penal que se abrió por presunta legitimación de capitales.

El caso que se tramita en el expediente 24-000029-0033-PE, el cual se mantiene en curso, informó el ente acusador ante consulta de este medio semanas atrás.

“Se denunció la presunta adquisición irregular de una vivienda y unos relojes por parte del señor presidente, producto de aparentes alianzas con grupos delincuenciales”, destacó la Fiscalía.

Esta es una de las 51 causas penales que se han abierto contra el mandatario Chaves Robles, a la que se suma otra por el aparente delito de favorecimiento personal. En este expediente (24-000043-0033-PE) a cargo de la Fiscalía General, también figura el ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero. 

Otros motivos de preocupación para los diputados, es que en agosto anterior trascendió que el presidente Chaves tenía en su despacho pendientes de firmar 25 leyes aprobadas por el Congreso, 7 de ellas para atacar al crimen organizado. Este caso fue dado a conocer por crhoy.com.

A esto se suman varios traslados y cierres sensibles en el Servicio Nacional de Guardacostas, para lo cual ya se han realizado audiencia y será incorporado al expediente de investigación legislativa.

Entre los cuestionamientos, está el cierre de la estación en Sixaola movilizada hacia Portete en Limón, dejando el Caribe sur desprotegido. Así como la extracción comando élite naval que operaba en Bahía Drake, el cierre del Centro de Operaciones y su traslado a Base Dos del Aeropuerto Juan Santamaría, así como el destierro de Quepos de la Academia Nacional de Guardacostas.

También se cuestionó en la moción que abrió la investigación, un supuesto “debilitamiento en el acompañamiento del Ministerio de Seguridad en operativos contra la delincuencia organizada, e igual una ausencia total de apoyo de la Unidad Especializada de Intervención (UEI), así como movimientos de personal de la Policía de Control de Drogas (PCD) y finalmente falta de apoyo de Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica (SVA) en operativos”.

Finalmente, se cita entre los motivos para pedir la investigación una aparente “complicidad en el uso irregular de escáneres” para la detención de drogas en los puestos fronterizos del país.