Por Nuria López
El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para proceder a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. El objetivo: eliminar de su texto la palabra “disminuidos” y sustituirla por “personas con discapacidad”.
Se trata de la cuarta reforma que experimenta la carta magna española desde su aprobación en 1978 y la primera que se realiza en el capítulo que recoge los aspectos sociales. Para elaborar esta modificación, el Ejecutivo ha contado con la participación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), una organización que reúne a más de 8.000 asociaciones.
Con la finalidad de impulsar los derechos de este colectivo como ciudadanos libres e iguales, esta reforma, además de la modificación lingüística, también abarca la reforma de la estructura del artículo, de acuerdo con los múltiples enfoques desde los que se aborda la discapacidad, así como de su contenido, en relación a la protección del colectivo. Se deja así atrás un enfoque asistencialista para pasar a un reconocimiento centrado en los derechos humanos.
El nuevo artículo señala como objetivo de la acción de los poderes públicos la plena autonomía personal y la inclusión social, y la obligación de respetar siempre la libertad de elección y preferencia de las personas con discapacidad. Asimismo, hace una alusión expresa a mujeres y niñas con discapacidad, que sufren aún más discriminación dentro de este colectivo.
Tras esta aprobación, la reforma deberá someterse a la tramitación parlamentaria, donde espera obtener el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas con representación en el Hemiciclo y entre en vigor antes de que finalice el año. Aunque estaba prevista hace unos meses, su tramitación ha tenido que esperar al final del estado de alarma, pues este mecanismo constitucional no permite cambios de la carta magna mientras se encuentra en vigor.
Más que un cambio lingüístico
El movimiento asociativo de la discapacidad en España ha considerado que se trata de un día histórico, después de que se vaya a implementar una de las mayores reclamaciones de este colectivo, que considera que blinda los derechos de las personas con discapacidad y los de sus familias.
Según ha reseñado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta reforma supone más que un cambio de terminología en el lenguaje constitucional, ya que implica “una reforma integral y en profundidad en la estructura y contenido” de la norma.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha calificado esta iniciativa de “empeño del Gobierno” y de “un deber que España tenía con ellos”, en referencia al colectivo con discapacidad
