El Plenario Legislativo decidió no levantar, en votación de 34 a favor y 21 en contra, el fuero de improcedibilidad penal o inmunidad del presidente de la República Rodrigo Chaves ante la acusación por concusión de la Fiscalía en el caso BCIE-Cariñitos, al no alcanzar los 38 votos necesarios para el desafuero.
Votaron en contra e inclinaron la balanza para que Chaves no enfrente juicio cinco diputados del PUSC, los 6 legisladores de Nueva República en pleno, los 8 legisladores chavistas y un independiente y Carolina Delgado del PLN.
Se requerían 38 votos: solo se obtuvieron 34, de la mayoría del PLN, 4 del PUSC, el Frente Amplio en pleno (6 votos) y 4 diputadas independientes.
La diputada independiente Cynthia Córdoba, independiente se ausentó de la votación por un viaje.
Luis Diego Vargas, también independiente, estuvo a lo largo de la sesión y minutos antes de la votación se retiró del recinto.
A favor de quitar la inmunidad
La sesión inició a las 2:00 p.m. con la defensa de los informes de la Comisión Especial, luego se pasó a un debate reglado de las fracciones y diputaciones independientes.
Sí hubo presiones
En medio del descargo de las fracciones e independientes, la diputada Johana Obando aseguró que varios congresistas recibieron llamadas por parte del Ejecutivo para evitar que votaran a favor.

Obando señaló que hubo negociaciones de embajadas, ministerios y otros puestos en un futuro Gobierno del chavismo y que, además, los legisladores prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
“Sabemos que ha habido presiones por parte del Ejecutivo. La semana pasada hubo llamadas y este día también”, dijo Obando.
Por su parte, el legislador del PUSC, Carlos Felipe García, aseguró que asume el “costo político” de su voto a favor.

“Esto discusión no se hubiera dado compañeros y compañeras si el señor presidente hubiera renunciado a su inmunidad. Y quiero dejar claro que únicamente es para esta causa (concusión), porque a mí no me corresponde decir si Rodrigo Chaves es culpable o no, si Bulgarelli miente o no, está la legítima defensa”, manifestó García.
Ahora, el expediente con la acusación por concusión regresa a la Corte Suprema de Justicia, donde quedará congelada y se remitirá a los Tribunales de Justicia para que procesen a Chaves Robles una vez deje de ser mandatario.
La Fiscalía General presentó una acusación penal contra Chaves por presuntamente presionar al productor Christian Bulgarelli para que le otorgara una dádiva de $32,000 al exasesor del mandatario, Federico Cruz “Choreco”, de un contrato de $405,000 dólares con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).