El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este viernes que llevará al Parlamento una propuesta “para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo“.

Si la iniciativa sale adelante, España se convertirá en el segundo país del mundo que blinde el derecho al aborto en su Constitución, después de que lo hiciera Francia el año pasado.

La iniciativa anunciada por Sánchez llega después de la polémica levantada por la aprobación de una polémica moción en el Ayuntamiento de Madrid, a instancias del partido ultraderechista Vox y apoyada por el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP).

La moción establecía la obligación de informar a mujeres que querían acceder voluntariamente a la interrupción de su embarazo sobre un supuesto ‘síndrome post aborto’, que no tiene ningún soporte científico, y que acarrearía síntomas como depresión, alcoholismo o anorexia.

Ante ese procedente, que pone en entredicho una ley española que protege el derecho al aborto desde 2010, el Gobierno plantea la inclusión constitucional, además de impedir “que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica”.

Una reforma difícil

Para aprobar la reforma constitucional, Sánchez necesitaría el voto afirmativo de tres quintos del Congreso de los Diputados, lo que haría imprescindible el voto a favor de buena parte de las filas del PP. Esa cuestión obligaría a retratarse a la formación conservadora liderada por Alberto Núñez Feijóo.

En el seno del PP hay una división en torno a esta cuestión. Tanto es así que en su último Congreso, celebrado en julio en Madrid, ni siquiera se trató este asunto. De hecho, Núñez Feijóo ha evitado intervenir en la polémica suscitada esta semana en el Consistorio madrileño.