n juez federal de Rhode Island bloqueó de manera permanente una orden ejecutiva de la administración de Donald Trump que buscaba el desmantelamiento de agencias federales cruciales para la cultura.
El dictamen declara como ilegal e inconstitucional el intento de suspender la financiación de museos y bibliotecas públicas en todo el país, significando una importante victoria para una coalición de 21 fiscales generales de estados que buscan proteger el acceso libre al conocimiento y los servicios vitales que brindan estas instituciones.
El fallo, emitido este viernes 21 de noviembre, por el juez federal John J. McConnell, pone fin de forma definitiva a la controversial orden del presidente Donald Trump que afectaba directamente al Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS). La decisión judicial subraya que los intentos de la Administración Trump por «desmantelar» agencias federales creadas por el Congreso violan la Constitución y las normativas legales vigentes.
La disputa fue impulsada por una coalición de fiscales generales demócratas, incluyendo a los estados de Nueva York, California y Massachusetts, quienes argumentaron que la orden ejecutiva atacaba programas que destinan «cientos de millones de dólares» a servicios públicos esenciales. Tan solo en 2024, el IMLS invirtió 180 millones de dólares en bibliotecas a través de un programa clave de subvenciones a los estados.
El juez McConnell dictaminó que la protección legal se extiende a la totalidad de las subvenciones otorgadas por el IMLS a todos los estados y territorios de EE.UU. Este alcance nacional garantiza que la orden ejecutiva de Trump no podrá afectar el flujo de fondos destinados a mantener operativas las bibliotecas y museos a nivel local, preservando el acceso de la ciudadanía a la cultura.
Tras conocerse la decisión, el fiscal de California, Rob Bonta, celebró el fallo declarando que «cada vez más, los tribunales rechazan de forma definitiva y permanente los intentos ilegales de la Administración Trump de desmantelar nuestras agencias gubernamentales y eliminar los servicios vitales». El fiscal Bonta reafirmó el compromiso de California de defender el libre acceso al conocimiento frente a las políticas regresivas.
La demanda interpuesta por la coalición de estados se basaba en el argumento de que la orden ejecutiva de la Casa Blanca violaba principios esenciales de la Ley de Procedimiento Administrativo y la propia Constitución. Según señalan, la administración intentaba eliminar programas de agencias sin seguir las normativas y regulaciones que rigen cada fuente de financiamiento federal, revelando una actitud de desprecio por el debido proceso legal.
Además de California, la coalición que se alzó contra la Casa Blanca incluye a estados como Rhode Island, el estado donde se emitió el fallo, Nueva York, Hawái, Arizona, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin. Esta unidad legal demuestra el amplio rechazo político y judicial a las políticas de recorte cultural de la administración Trump.
Tomado de teleSUR
