Un tribunal federal de apelaciones de EEUU asestó un golpe legal a la Administración Trump al rechazar su solicitud de reanudar las deportaciones rápidas de migrantes indocumentados. La decisión, que reafirma un fallo anterior de una corte inferior, impide que el Gobierno expulse de forma acelerada a inmigrantes que no puedan probar su presencia continua de dos años en el país, basándose en la posible violación del debido proceso constitucional.
El fallo fue emitido por el tribunal de apelaciones del distrito de Columbia, el cual, mediante una votación dividida de 2 a 1, denegó la moción de suspensión que había presentado el Gobierno. Con esta acción, la Administración Trump queda legalmente impedida de llevar a cabo las deportaciones aceleradas mientras intenta avanzar con la apelación contra la sentencia de primera instancia que ya había bloqueado la controversial política migratoria.
La esencia del dictamen judicial radica en la seriedad de la violación al debido proceso. El tribunal concluyó que es «poco probable» que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consiga demostrar que su sistema para determinar la elegibilidad de los migrantes para la deportación rápida es constitucionalmente adecuado.
El documento judicial enfatizó la ausencia de garantías mínimas para los detenidos: «Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita o de obtener evidencia para presentar a los oficiales de inmigración pruebas de su presencia continua de dos años en los Estados Unidos antes de su deportación», detalló la orden.
La decisión del tribunal superior se alinea con la postura de la jueza de Washington D. C., Jia Cobb, quien en agosto pasado había bloqueado temporalmente las deportaciones rápidas. La magistrada ya había advertido que la política de Trump «prioriza la rapidez» y que «llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado».
La política de expulsión inmediata fue restablecida por Donald Trump en enero de este año, luego de haberla aplicado durante su primer mandato entre 2017 y 2021. Este mecanismo permite la deportación sin necesidad de una audiencia judicial para aquellos indocumentados que no logren demostrar que han permanecido en el país por dos años o más, aplicando un estatuto legal a un vasto grupo de personas que no estaban sujetas previamente a este tipo de proceso sumario.
Tomado de teleSUR
