Al menos 250 personas han tenido que abandonar sus hogares en la región del Catatumbo en las últimas 24 horas y cerca de 6.000 más se encuentran en riesgo de confinamiento y desplazamiento forzado debido a los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC.
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) alertó sobre una agudización de la crisis humanitaria en la zona, derivada de la disputa territorial y del control de economías ilícitas entre estos grupos armados.
En un comunicado emitido esta semana, el NRC precisó que “cerca de 250 personas, obligadas a huir de sus hogares, han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el nororiente de Colombia”, en las últimas horas. La organización humanitaria subrayó que dichos desplazamientos responden directamente a la escalada de violencia iniciada a mediados de enero, cuando el ELN declaró una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
La región del Catatumbo se ha convertido en un epicentro de confrontaciones armadas que han dejado cerca de un centenar de muertos y han forzado a miles de campesinos a abandonar sus tierras, muchas veces sin posibilidad de retorno debido a la persistencia de los combates. El NRC advirtió que, de no garantizarse la protección de la población civil, “en los próximos días el número de personas podría incrementarse”.
Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia, expresó en el comunicado que las personas «que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente”. Ante esta situación, Rizzo hace un llamado al estado considerando como vital el hecho de que se confirme la atención a los pobladores y garantizar la protección del municipio.
Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), se estima que al menos unas 200.000 personas habrían sido afectadas por la escalada de los enfrentamientos en la región. En esa misma línea, la población afectada en la subregión del Catatumbo representa el 53 por ciento de la población.
«La población en Colombia debe rechazar estas acciones armadas contra los civiles. No puede ser posible que la vida de personas en el nororiente de Colombia, así como en otras partes del país, se siga poniendo en riesgo como consecuencia de las confrontaciones armadas», señaló Rizzo en el comunicado. El director de NRC hizo un llamado a la solidaridad tanto dentro como fuera del país para apoyar a esas personas que sufren estos desplazamientos debido al conflicto.
La ENL declaró un cese al fuego para las festividades de fin de año que concluiría el próximo 3 de enero, gesto del grupo insurgente para brindar tranquilidad en el cierre del año para las familias, propuesta a la que se sumaron otros grupos, entre ellos el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas FARC.
Sin embargo, este alto al fuego no garantiza un nivel de seguridad para los civiles de las localidades ya que no incluye un freno en el enfrentamiento contra otros grupos armados del país, al menos durante el período.
Tomado de teleSUR
