Por Crhoy /. Del 2022 a la fecha, la cantidad de inocentes que han fallecido en ataques armados ha crecido exponencialmente, pasando de 18 casos en el 2022 a 85 al cierre del 2025, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El reporte evidencia, además, una disminución entre el 2024 que registró 93 muertes, 8 menos que el año pasado.

Las víctimas inocentes son aquellas personas que fallecieron en medio de balaceras y ataques armados, pero que no eran el objetivo de los delincuentes y están relacionados principalmente a ajusticiamientos por crimen organizado.

Los datos muestran que, durante el primer año de gestión de Rodrigo Chaves Robles —ocho meses de 2022—, el país cerró con 18 casos. Posteriormente, en 2023 se registraron 52, mientras que en 2024 la cifra aumentó de forma considerable hasta 93. Para el cierre de 2025, los registros preliminares contabilizan aproximadamente 85 víctimas inocentes.

Aunque las cifras provienen de datos oficiales, el OIJ aún no ha cerrado el consolidado final, ya que mantiene bajo análisis varios expedientes, en especial los ocurridos durante el último mes del año, cuando se registraron ataques armados que dejaron personas inocentes fallecidas.

Por esta razón, las autoridades no descartan que el número final supere las 90 víctimas colaterales, una cifra similar a la registrada en 2024.

“Los datos finales se van a empezar a revisar este viernes 2 de enero, estamos revisando autopsia por autopsia para ver exactamente cómo van a cerrar los homicidios. Lo queremos hacer muy detallado y preciso, entonces vamos a esperar para tener la cifra final que se dará a conocer el lunes 5 de enero”, explicó Michael Soto, director interino del OIJ.

El jerarca recalcó que, más allá del número definitivo, la cantidad de personas inocentes asesinadas en los últimos años resulta alarmante.

“Es triste y de análisis porque es gente que muere que no son el objetivo de los homicidas y que ha venido aumentando significativamente, aunque pareciera ser que este año 2025 pudiera haber una cifra menor, lo cierto que es sigue ocurriendo. Vamos a tener una cifra por encima de los 80, son muchas personas, algunos de estos menores de edad, otros adultos mayores, que no tenían que ver con el hecho y esto nos debe llevar a un punto de reflexión importante como país, para buscar las estrategias que puedan contener esto, porque vienen del crimen organizado y sicariato por la impericia o imprudencia de estos sujetos, o bien por eliminar testigos”, explicó.

Directas e indirectas

Soto detalló que la Policía Judicial clasifica a las víctimas colaterales en dos categorías: directas e indirectas. En el primer grupo se ubican familiares o personas cercanas al objetivo del ataque sicario. Aunque muchas de ellas no guardan relación con la actividad criminal, sí mantienen un vínculo estrecho con la persona a la que los agresores pretendían asesinar.

“Hay muchos casos de estos, como los que suceden en vía pública, donde los sicarios llegan a matar a una persona que va en un carro y terminan acabando con la vida de otra persona que iba en el vehículo. Un ejemplo de eso es un caso ocurrido en noviembre en San Sebastián, donde asesinan a una adulta mayor pero el objetivo real era su hijo. Pasa mucho con parejas o hijos, como sucedió en otro caso en Aserrí donde murió un bebé producto de impactos de bala que iban contra su padre”, explicó recientemente.

En el caso de las víctimas indirectas, Soto señaló que corresponden a personas que caminaban o se encontraban cerca del sitio donde ocurrió un ataque armado que se salió de control. Al no tener vínculo alguno con los hechos ni con los involucrados, se convierten en víctimas inocentes de la violencia.

Desde que Chaves Robles asumió la Presidencia de Costa Rica contabiliza más de 3,000 homicidios, en medio de la mayor crisis de inseguridad registrada en la historia del país.