Agentes del ICE tienen permiso de utilizar la fuerza para ingresar a hogares sin orden judicial

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU están autorizados por sus superiores a entrar por la fuerza en los hogares si sospechan que se encuentra allí un extranjero con orden de deportación, por lo cual no requieren el aval de un juez, señala un memorando interno de la institución migratoria, obtenido y revisado por The Associated Press (AP).

La medida se dio a conocer bajo un clima de intensas protestas y tensiones por el accionar de los uniformados del ICE contra la ciudadanía, y especialmente tras el asesinato de Renee Good, una estadounidense que fue masacrada a tiros por un agente migratorio durante una redada en Mineápolis.

De acuerdo con AP, la decisión que autoriza a los oficiales a utilizar la fuerza para entrar en una residencia, basándose únicamente en una orden administrativa para arrestar a alguien, significa “un cambio drástico” en la normativa legal vigente, que impone límites constitucionales a los procedimientos policiales para perseguir y detener a personas sospechosas de permanecer en el país sin documentación legal.

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Esta nueva estrategia del Gobierno de Donald Trump coincide además con la decisión de expandir drásticamente los arrestos de inmigración en todo EEUU, con el despliegue operativo de miles de oficiales bajo una campaña de deportación masiva.

La medida ha sido calificada como ilegal por activistas y defensores de Derechos Humanos, al sostener que contradice las protecciones ciudadanas establecidas en la Cuarta Enmienda de la Constitución y trastoca años de consejos dados a las comunidades de inmigrantes para salvaguardar su seguridad.

Desde hace mucho, resalta AP, defensores de inmigrantes, grupos de asistencia legal y gobiernos locales han instado a las personas a no abrir sus puertas a los agentes de inmigración a menos que se les muestre una orden firmada por un juez. El consejo tiene sus raíces en fallos de la Corte Suprema, que generalmente prohíben que las fuerzas del orden entren en un hogar sin aprobación judicial.