El Gobierno de EEUU estaría dispuesto a poner en marcha “una política de concesión de licencias favorable a las solicitudes específicas de autorización para la reventa de petróleo de origen venezolano para su uso en Cuba”, según informó esta jornada la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una instancia adscrita al Tesoro estadounidense.
Según se explica en el texto –que figura en la sección de preguntas y respuestas sobre el régimen de sanciones impuesto a Venezuela–, “para calificar para esta política de licencias favorable, las transacciones solicitadas deberán cumplir con los términos y condiciones de la Licencia General de Venezuela (GL) 46A, aunque los solicitantes no necesariamente deben tener una entidad estadounidense establecida”.
Tampoco se aplicarán las restricciones contra Cuba estipuladas en ese documento, donde se autorizan ciertas operaciones asociadas al negocio petrolero en la nación bolivariana, aunque sujetas a numerosas restricciones, entre las que se cuentan que los contratos suscritos por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) deben especificar que se rigen por las leyes estadounidenses, que los pagos por esas transacciones –exceptuando el pago de impuestos– deberán hacerse de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros o en otra cuenta especificada por el Departamento del Tesoro de EEUU.
También se incluyen prohibiciones de pago que Washington estime que no son “comercialmente razonables, que impliquen ‘swaps’ de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, moneda digital o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela”.
A ello se suman impedimentos explícitos para que PDVSA haga transas con entidades que involucren a particulares o a los gobiernos de Rusia, Irán, Corea del Norte, China y Cuba, así como el desbloqueo de propiedades previamente bloqueadas por EEUU, el transporte de petróleo venezolano en buques sancionados por el país suramericano y reventas sin autorización con EEUU.
Concesión muy relativa
De esa lista, la única restricción que se levantaría en beneficio de La Habana sería la relacionada con la autorización a importar, transportar y procesar crudo de origen venezolano en favor de entidades particulares asentadas en Cuba.
Así, aunque la política es presentada como una acción favorable “dirigida a transacciones que apoyan al pueblo cubano, incluido el sector privado cubano (por ejemplo, exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba)”, se mantienen proscritas “las transacciones que involucren, o beneficien, a cualquier persona o entidad asociada con las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales cubanas, incluidas las entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado de EEUU”.
