La Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT), planea impugnar desde el lunes, por medio de presentaciones frente a la Justicia, la reforma laboral sugerida por presidente Javier Milei y que fue aprobada el viernes en el Congreso nacional.

La estrategia judicial consistirá en presentar varios argumentos para invalidar el nuevo marco normativo, entre los cuales se encuentran: que este es contrario al principio de progresividad establecido en la Constitución del país y que obstaculiza principios de organización y protesta sindical.

La ley, que modifica una normativa de 1976, ofrece alternativas al pago de horas extras, disminuye las indemnizaciones con un nuevo cálculo, permite que se paguen en cuotas y faculta la fragmentación de las vacaciones. Sin embargo, también reduce la base para calcular las indemnizaciones en perjuicio de los trabajadores.

Asimismo, reduce el derecho a la huelga y la actividad sindical por medio de diversas acciones: expande la lista de sectores que se consideran esenciales, los cuales no pueden recibir menos del 75 por ciento el servicio en caso de protestas; califica como infracciones «muy graves» las tomas o bloqueos de establecimientos; y suprime que un convenio colectivo permanezca vigente después de su vencimiento hasta que uno nuevo sea firmado.

El proyecto de reforma laboral fue aprobado por el Senado argentino el viernes en la noche, con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones; el Gobierno de Milei lo celebró diciendo que generará un estímulo para registrar más trabajadores y ofrecer más empleos.

Por otra parte, desde diversos ámbitos del sindicalismo argentino sostienen que el texto de la reforma laboral aprobada contraviene el principio de progresividad de la Constitución, también llamado de no regresividad, que prohíbe el recorte de los derechos laborales previamente establecidos mediante nueva legislación.