A dos meses del ataque del 3 de enero que derivó en la captura del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera dama Cilia Flores, autoridades venezolanas reiteraron la exigencia de su liberación inmediata y el levantamiento de las sanciones internacionales.
El mandatario y su esposa permanecen detenidos en Nueva York, tras una operación de secuestro llevada a cabo por Estados Unidos la cual dejó más de un centenar de fallecidos y decenas de heridos, incluidos miembros de la seguridad presidencial.
En un comunicado publicado por el General en Jefe y Ministro Popular para la Defensa Vladimir Padrino López, donde afirmó que “la justicia, la humanidad y la consciencia del pueblo venezolano” exigen la liberación del jefe de Estado y de la primera dama. El texto subraya que las heridas abiertas por el ataque solo podrán comenzar a sanar con su retorno y con el fin de las medidas coercitivas unilaterales.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ratificó su respaldo institucional y su compromiso con la estabilidad interna.
Desde el 3 de enero, el Ejecutivo es encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien ha afirmado que se abrió una “nueva etapa de diplomacia de paz” con Washington, basada —según sus declaraciones— en el respeto y la cordialidad.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, sostuvo que ambos países mantienen una relación energética histórica, recordando la presencia en el país de la empresa estadounidense Chevron, con más de un siglo de operaciones en territorio venezolano.
Las autoridades venezolanas califican las sanciones impuestas por Washington como ilegales y las responsabilizan de daños profundos en la economía y en el bienestar social. También rechazan las acusaciones vinculadas a presuntos delitos de narcotráfico, señalando que —según su postura— no se han presentado pruebas concluyentes.
