Este jueves llega a su fin la historia de Noelia Castillo, la joven española que lleva dos años batallando en los tribunales para acceder a la eutanasia, un derecho que la justicia le ha reconocido hasta en cinco ocasiones.
Se trata del caso más polémico desde que, en 2021, España aprobara la ley que legalizaba la eutanasia para determinados casos con aval médico, debido a la frontal oposición de su padre, que llevó el caso a los tribunales.
Un tribunal de primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Tribunal Supremo de España, el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dado la razón sucesivamente a la mujer de 25 años. A las seis de esta tarde, terminará el sufrimiento que Castillo lleva años relatando.
Una infancia feliz y una adolescencia de oscuridad
La joven barcelonesa tuvo una infancia feliz, los únicos recuerdos que puede calificar de ese modo en su corta vida. Todo se truncó en su adolescencia.
Los problemas económicos hicieron que se perdiera la casa donde creció. A los 13 años, sus padres se separaron y ella fue diagnosticada con un trastorno obsesivo compulsivo y luego con un trastorno límite de la personalidad.
Las circunstancias de su entorno hicieron que acabara en un hogar para menores tutelado por la administración. Allí, Castro admite que se juntó con malas compañías que le llevaron al consumo de drogas y a una primera agresión sexual a manos de quien entonces era su pareja.
En ese contexto sucedieron otras agresiones de esas características hasta que, en 2022, sufrió una violación grupal que fue definitiva para deteriorar aún más su salud mental.
Pocos días después de esa agresión intentó suicidarse lanzándose de un quinto piso, pero sobrevivió y quedó parapléjica. Desde entonces ha estado postrada en una silla de ruedas y residiendo en hospitales, ante la imposibilidad de que su familia se hiciera cargo de ella y con dolores crónicos y sufrimiento psíquico.
La oposición de su padre
Fue a principios de 2024 cuando tomó la decisión de solicitar la eutanasia. La petición fue concedida meses después, pero la oposición de su padre ha retrasado el proceso dos años más.
El hombre, de la mano de la organización ultraderechista Abogados Cristianos, llevó el caso a los tribunales alegando que el estado mental de la joven la imposibilitaba para estar en condiciones de tomar esa decisión por sí misma.
Durante todo este tiempo, la justicia ha invalidado ese argumento apoyándose en el dictamen médico y en la voluntad de la paciente, mayor de edad, que en ningún momento ha flaqueado y siempre ha manifestado su deseo de poner fin a su vida.
