Al cumplirse cuatro años de la instauración del régimen de excepción en El Salvador, organizaciones civiles y organismos internacionales alertan sobre el devastador costo humano de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.
Un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reveló que al menos 504 personas han muerto en centros penitenciarios bajo custodia del Estado salvadoreño entre abril de 2022 y marzo de 2026.
El reporte destaca un dato alarmante: un 90% de las víctimas no presentaba un perfil de pertenencia a pandillas, lo que contradice el argumento oficial de que las detenciones masivas se dirigen exclusivamente contra grupos criminales. La organización advierte que, debido al hermetismo oficial, la cifra real de fallecidos podría ascender hasta los 2.000.
El contexto de estas muertes está marcado por denuncias sistemáticas de tortura, hacinamiento extremo y falta de atención médica en prisión. Testimonios de familiares recabados por SJH describen cuerpos entregados con signos evidentes de violencia física.
Este mes, una comisión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elevó el tono de la crítica internacional al acusar al Gobierno salvadoreño de cometer posibles crímenes de lesa humanidad, vinculados a la implementación de estas medidas extraordinarias que han suspendido garantías constitucionales de forma ininterrumpida.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, tras un fin de semana que registró más de 80 homicidios. Investigaciones periodísticas locales han señalado que esta ola de violencia fue el resultado de la ruptura de un pacto previo entre el Gobierno de Bukele y las estructuras de las maras.
Si bien el Ejecutivo celebra una reducción «histórica» de los homicidios y cuenta con un respaldo popular estimado en un 85% por reducir la violencia bajo su política, defensores de derechos humanos subrayan que la baja de la criminalidad venía registrándose desde 2016, antes de la actual administración.
Cifras de la represión
Hasta la fecha, las organizaciones humanitarias contabilizan 91.650 detenciones totales bajo el régimen de excepción, 6.889 denuncias por violaciones a derechos humanos, un 98% por ciento de los casos correspondiendo a detenciones arbitrarias, y agentes de la Policía Nacional Civil vinculados al 75% de los atropellos reportados.
«Cuatro años de venir luchando para que se haga justicia y se libere a los inocentes y no vemos ninguna respuesta, y lo que vemos del Gobierno es un silencio total, ataques y un régimen que elimina derechos humanos y garantías fundamentales«, declaró Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen.
Pese a las denuncias, el Congreso salvadoreño aprobó la prórroga número 49 de la medida, asegurando la continuidad de un modelo que, según juristas internacionales, está desmantelando el Estado de derecho en el país centroamericano.
