La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió este martes a Juan Pablo Albán, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) que la víspera desmintió varias afirmaciones realizadas por la mandataria en medio de la polémica que desató la publicación de un informe que considera que las desapariciones en este país pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

“A las familias de las personas desaparecidas, toda nuestra solidaridad, apoyo y toda nuestra fraternidad al máximo para poder ayudarles a encontrar a sus familiares y poder sancionar a los culpables. Verdad y justicia, pero lo que plantea el Comité es otra cosa distinta, por eso decimos que no estamos de acuerdo“, advirtió la mandataria en conferencia de prensa.

“Alguno dijo: ‘es que el Gobierno de México se puso muy enojado’ (con el informe). No es enojo, no es un asunto del estado de ánimo, es un asunto de que no pueden acusar a un Gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito”, señaló.

El conflicto comenzó la semana pasada, cuando el Comité presentó un reporte en el que solicitó que la crisis de desapariciones forzadas que padece México sea abordado por la Asamblea General de Naciones Unidas para ofrecerle ayuda a este país con el fin de atender el problema y apoyar a los familiares.

Sin embargo, el Gobierno mexicano rechazó por completo el documento y lo descalificó, al considerar que es “tendencioso”, “falto de rigor jurídico” y fue elaborado con “ligereza” porque el Estado mexicano no es el responsable de las desapariciones.

Cruces

El lunes 6 de abril, Sheinbaum ratificó sus críticas al documento del Comité y, horas más tarde, Albán aseguró que, contrario a lo que había dicho la presidenta, este grupo de trabajo sí forma parte del sistema de Naciones Unidas y sus integrantes actúan con independencia pero son designados por los Estados parte.

También aclaró que el informe que presentó el Comité no toma en cuenta solo desapariciones forzadas cometidas en cuatro estados, de 2009 a 2017, como denunció la mandataria. “El análisis del CED no se limita a un periodo cerrado. La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad”, afirmó el funcionario, quien precisó que se incluyeron las cifras de más de 132.400 personas desaparecidas que había hasta el 19 de febrero de 2026, así como los 72.000 restos humanos que permanecen sin identificar, lo que demuestra la gravedad de la crisis humanitaria.

Pese al desmentido de Albán, Sheinbaum insistió en que el problema de fondo es que el informe solo aborda casos hasta 2017 y no toma en cuenta lo que ha hecho el actual Gobierno que ella encabeza desde octubre de 2024.

Además, subrayó la importancia de diferenciar las desapariciones forzadas que comete el Estado, y que sí son un delito de lesa humanidad como ya ocurrió en los años 70 en países como México, Argentina, Chile o Uruguay, de las desapariciones que son responsabilidad del crimen organizado.

“Lo que ocurrió en esa época ya no ocurre. Si llega a ocurrir una desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución, debe castigarse, no se solapa el delito (…). Pero este Comité dice todo es lo mismo, decimos: no, perdón, no es lo mismo“, señaló al asegurar que el Gobierno no está rebasado con respecto a las desapariciones.

“Si lo único que concluyera el reporte fuera: ‘¿cómo apoyamos?’, bienvenido, adelante, aun cuando no estemos de acuerdo en algunos temas, pero tiene otra orientación de llevar al Consejo de Naciones Unidos este tema en contra del Gobierno de México“, agregó.