El presidente argentino, Javier Milei, enfrenta hoy una denuncia penal y el repudio de asociaciones de prensa por prohibir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada.

La diputada nacional Marcela Pagano, exmiembro de La Libertad Avanza y periodista, acusó al mandatario ante la justicia por cerrar la casa ejecutiva a los reporteros acreditados para cubrir allí los eventos, hecho del cual se hace eco todos los medios argentinos.

“Es un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un presidente ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”, criticó Pagano en X.

La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas –continuó- “es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente, situación que en Argentina hemos experimentado en los momentos más oscuros de nuestro país”, remató.

Trece legisladores pertenecientes a ocho bloques políticos se presentaron en Balcarce 50 para presentar un petitorio en el cual solicitan que se revierta la decisión dado que implica un «retroceso sin precedentes en la tradición republicana de nuestro país».

Miembros de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, estos exigieron la convocatoria urgente de una audiencia de ese cuerpo que preside La Libertad Avanza y, ante la negativa, la convocaron a una sesión informativa para el próximo jueves.

Por su lado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó en un comunicado su «máxima preocupación” por la arbitraria decisión, la cual consideró «una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina».

Adepa recalcó que el acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo “constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno».

La inédita restricción efectiva quedó desde este jueves cuando personal de la Casa Militar y de la Policía Federal impidió el paso de 60 trabajadores de prensa basándose en una lista preestablecida.

Desde el Ejecutivo se justificó la medida bajo el argumento de prevenir supuestas maniobras de “espionaje ilegal”, vinculadas a la difusión de imágenes de áreas restringidas de la Casa Rosada difundidas en un canal televisivo, en referencia a Todo Noticia (TN).

La Casa Militar, cuerpo responsable por la seguridad en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, denunció penalmente a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, ambos de TN, por haber filmado un pasillo del edificio por donde pasan los reporteros acreditados todos los días.

Fue para un reportaje sobre las internas políticas en el entorno presidencial.

Tomado de Prensa Latina