La presidenta peruana Dina Boluarte alcanzó este jueves su primer año de gestión y en las calles la respuesta ha sido de rechazo, en una nueva jornada de manifestaciones en varias regiones de la nación andina en la cual han exigido su renuncia y un adelanto electoral.
Unas demandas a las cuales se ha sumado el desprecio por la liberación del exmandatario de Perú, Alberto Fujimori, ocurrida en la víspera, y el escándalo destapado la semana pasada, que implica a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como presunta líder de una red criminal.
En la ciudad de Juliaca, departamento de Puno, uno de los más combativos en este año y fronterizo con Bolivia, organizaciones sociales se movilizaron en la Plaza de Armas con banderas whipala y retratos de personas fallecidas en la zona durante protestas antigubernamentales.
“Juliaca se manifiesta contra el Gobierno de Dina. Clama justicia y rechaza liberación de Alberto Fujimori“, aseguró el escritor y docente Luis Torres Montero en la red social X.
En Tacna, ciudad fronteriza con Chile, los manifestantes gritaron “el pueblo unido jamás será vencido” y marcharon con banderas del Perú en negro, en vez del rojo tradicional, en señal de luto por las personas fallecidas.
El número de víctimas mortales fue de 67 luego de las movilizaciones entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en repudio a Boluarte y al Congreso. De ese número, 49 se produjeron en enfrentamientos con las fuerzas del orden y todavía no hay condenas.
Fujimori en la mira
En la ciudad de Arequipa la marcha partió desde el centro histórico hacia la Plaza de Armas. Los sindicatos tienen previsto continuar el despliegue callejero hasta el sábado 9 de diciembre, como en la mayoría de provincias.
Mientras que en la capital de la región de Lambayeque, en Chiclayo, recorrieron el parque principal con una serie de consignas, entre las que sobresalió “urgente, Asamblea Constituyente”.
Hasta el momento la prensa local ha reportado que las marchas han sido pacíficas y no se han registrado incidentes, en movilizaciones menos multitudinarias que las realizadas hace un año.
Previamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Estado peruano “la importancia de garantizar el derecho a la protesta pacifica” y a los oficiales los instó a regirse por “principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
