En el Salvador la contribución de las actividades agrícolas a la economía se ha ido reduciendo al mínimo, al mismo tiempo que el país ha aumentado las importaciones de alimentos básicos, como lácteos y hortalizas.

Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), el sector de agricultura, caza, silvicultura y pesca aportó en 2019 solo $1,372.98 millones de los $27,022.64 millones que se produjeron ese año, es decir e 5.1 % del producto interno bruto (PIB). Diez años, en 2010, el sector representaba el 7 % de la economía del país.

El sector de más peso en el PIB es la industria manufacturera con $4,261.91 millones, seguido del comercio con $3,054.93. En total son 20 ramas que mide el BCR, la mayoría podrían agruparse como servicios, por ejemplo actividades financieras, enseñanza o inmobiliaria.

Mientras que el cultivo es de los sectores más emblemáticos en la economía, pero ha ido perdiendo peso de forma acelerada. En 1990, por ejemplo, el sector representaba 17.1 % del PIB. 

Rommel Rodríguez, investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), explicó que la tendencia se explica por la transformación del país hacia una economía de servicios, pero también por factores sociales.

Rodríguez señaló que una interpretación que desde un punto de vista “neoliberal” podría interpretarse que no hubo prioridad por los productos agrícolas porque tienen menos valor agregado y porque el país carece de competitividad en el mercado internacional.

Sin embargo, también hay dinámicas propias a la zona rural, como la delincuencia, migración a zonas urbanas , el envío de remesas y la inserción  actividades de comercio. Así como el alto costo de trabajar la tierra.

Por otra parte, mientras la agricultura va desapareciendo de las estadísticas de producción, el país  se ha vuelto en un importador neto de comida, algo que lo ha vuelto vulnerable a la inseguridad alimentaria, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas de para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Las importaciones de hortalizas, por ejemplo, aumentaron 20.3 % en 2019, mientras que las de carne crecieron 35 %, las de lácteos y huevos aumentaron en 27.8 % y los cereales, donde se cuenta el arroz, el trigo y el maíz, crecieron 8.6 %, según el BCR.

Para la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), las importaciones son uno de los principales obstáculos a la hora de comercializar el producto, pues reducen los margenes en cultivos como el frijol y el maíz.

La asociación ha solicitado la creación de un sistema de comercialización por parte del Estado con convenios de comercialización y con una reserva estratégica, además de otras medidas englobadas en una política agropecuaria, como la protección y conservación de suelos y crear un sistema de monitoreo y control de precios de los insumos.

“Este sector está marcado por una falta de competitividad, rendimiento y enmarcado en una visión política, electoral y asistencialista, por parte del Gobierno Central”, afirmó la asociación.

Este año han solicitado al Gobierno ya no promover la importación de granos básicos con decretos de eliminación de aranceles, pues la cosecha será suficiente para suplir la demanda local.

En los próximos años el sector agropecuario enfrentará un desafío más fuerte, el Tratado de Libre Comercio Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (El CAFTA-DR), que fue suscrito en agosto de 2004, dejó una serie de salvaguardas en algunos productos, sobre todo agropecuarios.

El arroz, por ejemplo, mantuvo un arancel de 40 % durante los primeros 10 años de vigencia del tratado, después comenzó a reducirse poco a poco, hasta después de 2022, cuando terminará de desaparecer. La situación es similar para el maíz.