El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, desmintió este lunes los argumentos e informes utilizados por la administración de Donald Trump en EEUU para tildar a los inmigrantes venezolanos detenidos en ese país y “secuestrados” en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele, como supuestos “terroristas” e integrantes del grupo criminal ‘Tren de Aragua’, extinto en Venezuela y declarado como “organización terrorista” por Washington.

Durante un encuentro en Caracas con familiares de los venezolanos presos en El Salvador, Saab señaló que según “un informe filtrado de inteligencia” levantado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y que difundió el diario estadounidense The New York Times, el llamado Tren de Aragua no tiene ningún vínculo ni relación con el Gobierno de Venezuela.

De acuerdo con esa revelación, señaló el fiscal, queda desecho el repetido argumento de la administración Trump que señala a los migrantes venezolanos como “peligrosos”, “violentos” y “criminales”, calificativos que le sirvieron para invocar la rara vez utilizada Ley de Enemigos Extranjeros y así poder deportarlos —sin pruebas ni juicios— como “terroristas”, lo que sería una “violación flagrante” al derecho internacional que además puede ser juzgada como “crímenes de lesa humanidad” porque esos connacionales también son víctimas de “desapariciones forzadas”.

“Un informe filtrado por el New York Times afirma que una evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la banda ‘Tren de Aragua’ no está dirigida por el Gobierno de Venezuela ni comete delitos en EEUU bajo sus órdenes. Por lo tanto, el decreto del Gobierno de EEUU está basado en una información que contradice a su propia comunidad de inteligencia, eso no tiene parangón en ninguna parte del mundo”, expresó Saab.

El fiscal también recordó que las deportaciones ilícitas de los venezolanos desde EEUU hacia El Salvador y su posterior privación de libertad sin que se cumpla el debido proceso, fueron prohibidas por la propia justicia estadounidense debido a que “no tienen asidero legal”.

En ese sentido, Saab señaló que la política de segregación antivenezolana, ampliamente fundamentada por una campaña de odio dirigida por Washington y sus aliados dentro y fuera de Venezuela, es un acto de “discriminación por nacionalidad”, hecho que viola de forma “absoluta” el Estatuto de Roma y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).