En la recta final del juicio por presunta corrupción en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se ha exacerbado la tensión política en el país. Ya se organizan paros, bloqueos y movilizaciones para impugnar un fallo en el que se prevé que será declarada culpable.

El próximo martes terminará un juicio que comenzó en mayo de 2019 y en el que la expresidenta está acusada de haber encabezado una presunta asociación ilícita que defraudó al Estado de 2003 a 2015, es decir, durante sus dos gobiernos más el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

Desde que comenzó el proceso, Fernández de Kirchner negó los cargos y advirtió que la condena en su contra ya estaba escrita de antemano. La política considera que forma parte de la persecución judicial (o ‘lawfare’) que enfrenta y que tiene como único fin proscribirla y evitar que vuelva a postularse a algún cargo.

“(El tribunal) es un pelotón de fusilamiento”, acusó la vicepresidenta, el martes pasado, al hablar por tercera y última vez durante el juicio en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es uno de los gremios que ya se pronunció de manera contundente, ya que organizó una huelga en solidaridad con la vicepresidenta.

“Si la tocan a Cristina, paramos el Estado” y “los estatales estamos con Cristina” son los lemas de un paro en el que los trabajadores ratifican su lealtad a Fernández de Kirchner y se suman a las denuncias de persecución judicial.

A través de las redes sociales, este gremio advirtió que no va a permitir que en Argentina se repita el caso del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado y proscrito en un proceso totalmente anómalo que años después fue anulado.

“Este martes resolvimos hacer un paro general con movilización por una urgente Reforma Judicial y contra la justicia corrupta, fascista, corporativa”, escribió el secretario general de ATE, Daniel Catalano.

Por otra parte, el dirigente social Luis D’Elía anunció que su agrupación realizará cortes de rutas en todo el país. “El martes, con la condena a Cristina, se termina la democracia”, dijo en su programa de radio.

Desde el Gobierno, la reacción unánime ha sido la defensa de Fernández de Kirchner, a pesar de las divisiones internas que existen y su distanciamiento con el presidente Alberto Fernández.