Chile atraviesa una nueva fase de conflictividad interna luego de que el Gobierno de José Antonio Kast implementó un aumento de hasta 54% en los precios de los combustibles, medida que ha generado cacerolazos, protestas estudiantiles y episodios de desabastecimiento en estaciones de servicio en distintas zonas del país.

La decisión, adoptada a pocas semanas del inicio de su mandato, se inscribe en una política de ajuste que busca trasladar al consumidor el impacto del encarecimiento internacional del petróleo. El alza ha provocado una reacción inmediata en sectores sociales y productivos, evidenciando una rápida erosión del respaldo político del Ejecutivo.

Según encuestas recientes, la aprobación del mandatario ha caído mientras crece el rechazo, incluso entre votantes que respaldaron su agenda centrada en seguridad e inmigración. La medida ha sido percibida como un giro hacia políticas de shock económico, con efectos directos sobre el costo de vida.

El impacto ya se siente en múltiples niveles. El encarecimiento del diésel amenaza con incrementar los costos del transporte, la logística y la producción agrícola, lo que anticipa una presión inflacionaria significativa. Organizaciones de camioneros y productores han advertido sobre la posibilidad de paralizaciones, mientras sectores más vulnerables enfrentan un encarecimiento acelerado de bienes básicos como alimentos y servicios.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la medida señalando que responde a una crisis fiscal heredada y a un contexto internacional adverso, marcado por conflictos globales que han elevado los precios energéticos.

No obstante, analistas advierten que la eliminación abrupta de mecanismos de estabilización —como el sistema MEPCO— constituye una estrategia de alto riesgo político y social, al trasladar de forma inmediata los costos estructurales al conjunto de la población.

En el terreno, la tensión se ha traducido en protestas en Santiago y otras ciudades, interrupciones del transporte público y escenas de abastecimiento anticipado en estaciones de servicio ante el temor de nuevas alzas. Estas serían las primeras protestas que enfrenta el Gobierno ultraderechista de Kast.