La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves a Chile por permitir que integrantes de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que cometieron delitos de lesa humanidad, recibieran reducciones de penas a través de la llamada “media prescripción”, un caso que estuvo en litigio durante 17 años y que es conocido como ‘Vega González y otros Vs. Chile’.

La Corte señala que el Estado chileno actuó con “impunidad” y violó “los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de 49 víctimas y al derecho a la integridad personal de 99 familiares” de personas que fueron desaparecidas y ejecutadas” durante la dictadura (1973-1990), al permitir “la reducción sustantiva de las penas” de los responsables de 44 víctimas de desaparición forzada y de otras 5 de ejecución extrajudicial.

La Corte también determinó que Chile violó, entre 2007 y 2010, el derecho a las garantías judiciales, “al no permitir” la participación de los familiares “en todas las etapas del proceso” que benefició a los criminales, “particularmente al no dejárseles intervenir en la etapa de casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, instancia en la que se aplicó la media prescripción”.

Los familiares, añade la sentencia, también se vieron.expuestos a la “incertidumbre, sufrimiento y angustia” producidas por “las conductas estatales violatorias” que permitieron que los criminales condenados fueran beneficiados con las reducciones de pena establecidas en la “media prescripción” que prevé el artículo 103 del Código Penal chileno y que es viable para sentenciados que han cumplido la mitad o más de la mitad de su condena en la cárcel.

Además, la Corte consideró el mencionado beneficio procesal como “contrario a las obligaciones del Estado en materia de investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos”, debido a que genera al menos tres causas graves:

Porque representa “una atenuación a la dosificación punitiva que puede causar que la condena se vuelva irrisoria, haciendo en casos que la condena impuesta termine siendo inferior al mínimo establecido para ciertos delitos”.

Porque “atenta contra el principio de efectiva administración de justicia y sanción a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, generando impunidad”.

Porque “afecta la proporcionalidad que debe regir al momento de determinar sanciones en casos de graves violaciones a derechos humanos”.