Legisladores demócratas denunciaron que más de 6,200 menores de edad han sido recluidos en centros de detención para migrantes en Estados Unidos (EEUU) durante el último año.

Los congresistas Joaquín Castro y Greg Casar visitaron el centro de detención familiar en Dilley, Texas, donde permanecen retenidas casi 400 personas. El grupo incluye a 49 familias, de las cuales algunas superan el año privadas de libertad. Datos de la organización FWD.us confirman que la población de este recinto se compone principalmente de 77 menores de edad junto a 244 mujeres adultas.

Tras conversar con los internos, los legisladores reportaron graves violaciones a los derechos humanos. Las familias denunciaron falta de atención médica, malos tratos y agresiones verbales racistas.

El congresista Castro expuso el caso de una niña de cinco años con dolor dental severo a quien el personal sanitario solo recetó ibuprofeno durante dos meses, sin brindar tratamiento odontológico. «A estas personas no se les está tomando en serio, porque no son tratadas como seres humanos», afirmó Castro.

Asimismo, se presentó una denuncia formal contra CoreCivic, empresa privada que administra el centro, luego de que guardias de seguridad utilizaran términos despectivos como «mojados» y «spics» para insultar a los detenidos de origen latinoamericano.

El representante Greg Casar desmintió la retórica oficial sobre la peligrosidad de los detenidos. «El Gobierno dice que arrestan a lo peor de lo peor, pero ninguna de las personas con las que conversamos tenía historial criminal», señaló.

Las detenciones responden a una estrategia de búsqueda intensiva dentro del territorio estadounidense, mediante megaoperativos similares al ejecutado recientemente en Minneapolis. Según el Deportation Data Project, las capturas en calles, cortes y oficinas migratorias se multiplicaron por 11 en comparación con el último semestre de la gestión anterior.

Información filtrada a la cadena CBS News revela que las detenciones han alcanzado niveles históricos. En enero de este año, Estados Unidos mantuvo bajo custodia a más de 73,000 migrantes, la cifra más alta registrada desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.

Los legisladores reiteraron la urgencia de clausurar las instalaciones de Dilley, calificándolas como una prisión traumática para la infancia.