EE.UU. designó a Jean Elizabeth Manes como nueva encargada de negocios en El Salvador, en un momento difícil para la relación entre ambos países, debido a los crecientes roces entre la Casa Blanca y el Gobierno del Nayib Bukele.
Al oficializar su nombramiento, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, recalcó que la relación con El Salvador es “fundamental” y que la mirada de Washington apunta, entre otros asuntos, a “abordar las causas fundamentales de la migración”.

“Al nombrar a Jean Manes como Encargada de Negocios, tenemos a la líder ideal para nuestro trabajo con el gobierno, la sociedad civil y otros sectores para abordar estos desafíos”, aseveró Blinken. En la red social Twitter, la funcionaria recién designada respondió agradecida por el nombramiento y dijo estar lista para “fortalecer” la relación. Pero, ¿qué hay detrás de ese gesto?
Una comienzo turbulento
Si la relación entre Nayib Bukele y Donald Trump fue casi idílica, no puede decirse lo mismo de los vínculos del mandatario salvadoreño con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Desde la llegada de Biden, en enero de este año, los choques han sido constantes.
#ConferenciaDePrensa | "El dinero de USAID no es nuestro, es del pueblo estadounidense que paga impuestos, y no tenemos que decirles dónde invertir", dice el Presidente @nayibbukele, descartando gestiones para que la agencia vuelva a orientar fondos a programas gubernamentales. pic.twitter.com/wIi72CHHIY
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) May 25, 2021
Más allá de los rumores que corrieron sobre la negativa de Biden de recibir a Bukele en Washington (desmentidos por el mandatario salvadoreño) o los cuestionamientos sobre el modo en que la Casa Blanca se refiere a Centroamérica, el punto más crítico de los desencuentros ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando la Asamblea Nacional de El Salvador destituyó a cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, Raúl Melara.
El recién instalado Parlamento, cuya mayoría está conformada por asambleístas afines a Bukele, tenía la potestad de hacer la remoción, sin embargo, fue una decisión cuestionada por la oposición. El argumento que esgrimen es que el mandatario estaría concentrando los poderes para su proyecto.
La Casa Blanca también rechazó la decisión, al igual que otros organismos internacionales, y pidió a la administración salvadoreña que la revirtiera. La respuesta de Bukele fue un rotundo no. En los días siguientes, la suspensión de las ayudas al Gobierno centroamericano por parte de la USAID y el desvío de los fondo para “organizaciones civiles” terminó de caldear la hoguera.
Ayer, en una conferencia de prensa, Bukele reiteró que las decisiones de la Asamblea Nacional eran irreversibles y destacó que su Gobierno no pedirá a EE.UU. que reoriente los recursos que le quitó a instituciones estatales, como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública, aunque hizo una importante salvedad: “Donde USAID quiera regalar su dinero puede hacerlo, mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición, porque es ilegal”.