El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, afirmó que el país sudamericano seguirá trabajando con los médicos cubanos, a pesar de las presiones de EE.UU para que termine un histórico convenio de salud con la isla.
“Uruguay es un país soberano, libre (…). Los médicos cubanos en Uruguay han hecho un aporte sustantivo“, afirmó el funcionario en una entrevista con el medio El Eco Digital, publicada este lunes. Sánchez explicó que la asistencia de los especialistas cubanos ha permitido que más de 100.000 pacientes uruguayos pudieran recuperar la visión en las últimas dos décadas.
“[Es] algo que reconocemos y que forma parte de una deuda que tenemos con ellos”, agregó al afirmar que la relación diplomática con EE.UU. es “excelente”, a pesar de que Uruguay no comparte algunas de las políticas de la Administración encabezada por Donald Trump, a quien acusó de “entrometerse” en asuntos particulares de otros país.
“Nosotros vamos a seguir trabajando con los médicos cubanos porque Uruguay, además de ser un país libre, permite que todo el que quiera trabajar en Uruguay pueda hacerlo (…). Los uruguayos hacemos lo que consideramos que es mejor para el país, sin aceptar órdenes ajenas”, advirtió.
¿Qué pasó?
A principios de septiembre, el portal Búsqueda publicó un polémico informe, realizado por el Departamento de Estado de EE.UU, sobre presunto “trabajo forzado” de médicos cubanos, una versión que ha difundido Washington.
Según ese reporte, Uruguay habría sido incluido en la lista de 15 países que pagan de manera directa al Gobierno de Cuba por la presencia de esos trabajadores de la salud.
Fuentes del Gobierno uruguayo le confirmaron al citado medio que EE.UU le comunicó la inclusión de Uruguay en el reporte a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, pero a través de un “non paper”, es decir, una comunicación diplomática que se considera “no oficial” y que solo se utiliza para plantear posiciones en el marco de intercambios.
Sin embargo, la noticia provocó un revuelo en Uruguay y se interpretó como una presión de Washington contra el Gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi, en el marco de las reforzadas políticas injerencistas que Trump aplica en América Latina.
