La segunda comparecencia del presidente venezolano Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores ante la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan comenzó con cuarenta minutos de retraso y cerró sin fecha para la próxima sesión. El corresponsal de teleSUR Henry Camelo cubrió la jornada desde el exterior; la periodista de Prensa Latina, Deysi Francis Mexidor, siguió lo que ocurría adentro desde una de las salas habilitadas ante la desbordante presencia de medios, porque la sala principal no alcanzó.

«Mucha prensa asistió a esta comparecencia», reportó Francis Mexidor. Los periodistas hicieron largas filas desde temprano y debieron distribuirse en espacios secundarios con transmisión simultánea. A las 11H40, según el reloj de la sala, el presidente Nicolás Maduro y Flores tomaron asiento junto a sus equipos legales.

Lo que se debatió el 26 de marzo no llegó por sorpresa a la opinión pública. Apenas seis días antes, el abogado defensor Barry J. Pollack había presentado ante el tribunal, bajo el expediente S4 11-CR-205, un memorial de derecho con una moción urgente para desestimar todos los cargos. Pollack, socio del bufete neoyorquino Harris St. Laurent & Weschler, conoce bien los casos de alto perfil político. Durante más de una década condujo la estrategia legal en Estados Unidos de Julian Assange y en 2024 negoció el acuerdo que llevó al fundador de WikiLeaks a la libertad.

El argumento central de su moción era preciso: Washington viola la Sexta Enmienda constitucional y el derecho al debido proceso, garantizados a todo acusado en suelo estadounidense, al impedir que Venezuela financie la defensa de su jefe de Estado. La Sexta Enmienda garantiza a todo acusado el derecho a contar con representación legal efectiva; si el Estado bloquea el acceso a esa representación, el juicio pierde su base constitucional.

«Todas las preguntas comenzaron a girar alrededor de esto«, relató Francis Mexidor. Tanto la defensa como la Fiscalía concentraron sus intervenciones en ese punto mientras los representantes legales de ambos acusados tomaban notas sin pausa. El debate no giró sobre los cargos sino sobre si el bloqueo financiero de Washington hace inviable un juicio con garantías mínimas.

La respuesta del juez

Tras escuchar a las dos partes, el juez descartó desestimar el proceso por ese motivo. La decisión, sin embargo, no fue un cierre. Señaló que podría revisar su posición si determinara que el Gobierno estadounidense actuó de mala fe al retener esos recursos. La diferencia entre una restricción legal y una conducta dolosa es ahora el eje sobre el que pivota el caso.

El presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores acumulan más de 80 días bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sin una nueva fecha fijada, la causa queda suspendida en un compás de espera cuya duración nadie precisó. Lo que sí quedó claro, según el relato de Francis Mexidor, es que el proceso continuará, con todas las tensiones que eso implica sobre la viabilidad de la defensa.

Mientras el debate jurídico transcurría en el interior, Camelo registraba desde la acera una escena distinta. Decenas de personas se apostaron frente al tribunal desde temprano con pancartas y tambores, y se mantuvieron durante horas en las calles del Distrito Sur de Manhattan. La movilización expresaba un respaldo que el proceso judicial, por su propia naturaleza, no tiene forma de registrar.